La Cámara de Diputados de Argentina aprueba la despenalización del aborto

Aborto
Partidarios del aborto celebran la aprobación en Argentina (AFP).
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La Cámara de Diputados de Argentina, equivalente al Congreso español, ha aprobado este jueves la despenalización del aborto, un tema polémico en el país iberoamericano que ha obligado a una sesión parlamentaria de más de 20 horas que se ha prolongado hasta la madrugada.

La votación se ha resuelto con un resultado ajustado –129 votos a favor, 125 en contra y una sola abstención– que refleja el acalorado debate que ha presenciado la cámara baja, donde se ha analizado el borrador artículo por artículo, según informa la prensa argentina.

De esta forma ha quedado superado el primer trámite parlamentario. La siguiente fase será en el Senado, donde el proyecto de ley podría ser aprobado o rechazado definitivamente, aunque también podría modificarlo y devolverlo a los diputados.

Miles de personas se han concentrado frente al Congreso argentino para seguir minuto a minuto un debate que ha dividido a todas las fuerzas políticas, ya que todas cuentan con simpatizantes y detractores de la medida. El presidente, Mauricio Macri, se ha declarado en contra pero ha optado por dar libertad de voto al oficialismo.

Actualmente Argentina permite el aborto en ciertos casos de violación o riesgo para la salud de la madre, pero algunos organismos han denunciado retrasos judiciales que superan los plazos legales para interrumpir el embarazo y que hay demasiados médicos que se niegan a practicarlo.

La nueva norma jurídica permitiría poner fin a cualquier embarazo en las primeras catorce semanas de gestación sin ningún requisito adicional.

Hasta 14 semanas

El proyecto de ley permite el aborto libre hasta la semana 14 de gestación bajo simple requerimiento de la mujer que tendrá derecho a acceder a esta práctica de forma gratuita en un plazo máximo de cinco días.

Después de este tiempo, el aborto podrá practicarse en casos de violación bajo declaración jurada ante personal médico. También cuando esté en riesgo la salud de la mujer o si se diagnostica la inviabilidad de vida extrauterina.

El proyecto establece que todo hospital o centro asistencial público o privado está obligado a proveer la práctica, aunque permite la objeción de conciencia a los médicos.

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