El partido de Uribe denuncia amenazas de muerte por su oposición al acuerdo de Santos con las FARC

Han sido dos los congresistas pertenecientes al partido opositor Centro Democrático (CD), del ex presidente Álvaro Uribe, los que lo han denunciado, pero son muchos más los que están sufriendo amenazas de muerte y los que denuncian que están siendo objeto de «seguimientos». En una carta pública, la senadora Nohora Tovar y el representante Fernando Sierra denunciaron «las amenazas de muerte proferidas en redes sociales» desde una cuenta en Twitter identificada como @MuerteAUribe.

«En repetidas ocasiones se nos anuncia la muerte y se describe con exactitud nuestras actividades, lo que permite concluir que se nos hace un seguimiento», detallaron los congresistas.

El Centro Democrático se opone con vehemencia al acuerdo alcanzado por las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno del sucesor de Uribe, Juan Manuel Santos. En su opinión, el pacto sellado después de 52 años de asesinatos, extorsiones, narcotráfico y secuestros «otorga impunidad, representatividad política y alienta a otros a tomarse la justicia por su mano y con violencia», como se puede ver en este caso, apuntan.

El mismo partido uribista, que tiene claro que esta persecución no sólo está siendo motivada por su oposición al acuerdo, sino que tiene ramificaciones dentro del Gobierno, ha emitido un comunicado denunciando su desamparo y confirmando que sus representantes se sienten amenazados y seguidos «en sus quehaceres diarios».

«El Centro Democrático rechaza las amenazas de muerte, a través de las redes sociales, contra los miembros del Partido», inicia la nota pública. «Desde la cuenta de Twitter @MuerteAUribe no sólo se ha anunciado e incitado, en varias ocasiones, la muerte de ambos congresistas sino que se publica con exactitud sus actividades, lo que lo que permite concluir que hay algún tipo de seguimiento a ellos», continúa.

Pero lo más grave no es sólo que haya amenazas, pues éstas «pueden quedarse en bravuconadas», según fuentes del CD, sino que «desde esta cuenta se celebra el atentado reciente que sufrió el concejal del Centro Democrático en Saravena, Arauca, Luis Ascanio Naranjo».

Así, el partido de quien presidió Colombia desde el año 2002 al 2010 y debilitó al extremo a las FARC, exige «al Gobierno Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y a la empresa Twitter» que investiguen y tomen las «todas medidas necesarias frente a estas amenazas», que ponen en riesgo la vida de sus congresistas y de sus familias, sino la propia estabilidad social y política de Colombia, en pleno proceso de aplicación del acuerdo con los narcoterroristas.

Según el uribismo, «se quiere acallar la voz del Partido y de sus líderes por la constante lucha en contra del terrorismo». Y es que, al igual que alega el ex ministro Andrés Felipe Arias desde Miami –a quien se le ha pedido la extradición por una condena que la propia sentencia admite que se dictó «sin pruebas ni testigos»– sienten que a las FARC se le dan garantías y a ellos se les «hace la guerra». Así, el comunicado concluye diciendo que «las garantías de seguridad por parte del Gobierno deben ser para todos los colombianos, incluida la oposición democrática, no sólo para las FARC».

En un mensaje en Twitter, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, rechazó las amenazas contra los congresistas y aseguró que la «Policía Nacional y la UNP (Unidad Nacional de Protección) evaluarán esquemas de protección» para ellos.

Rechazamos amenazas contra Nora Tovar y Luis F Sierra desde las redes sociales.Policia Nacional y la UNP evaluarán esquemas de protección.

— Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) December 26, 2016

Colombia lleva más de 52 años sufriendo la insurrección armada y asesina de un grupo terrorista fundado teóricamente como un movimiento de corte marxista y con ideales en favor de los desfavorecidos, pero que en realidad ha tornado en una especie de miniestado dentro del Estado, que controla enormes extensiones de terreno en las que practican la minería ilegal y el narcotráfico. Las FARC son, de hecho, el mayor cartel mundial de la cocaína y sus ingresos por este negocio ilícito superan con mucho las decenas de miles de millones de dólares al año. Además, en su proceder criminal, las FARC han provocado el desplazamiento de al menos ocho millones de colombianos de sus lugares de residencia, el asesinato de más de 230.000 personas, la extorsión y el secuestro de otros miles y la desaparición de un número no menor de 65.000 personas.