Santos hace la paz con las FARC «pero practica la guerra abierta al uribismo» persiguiendo a Arias

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Arias, junto a su mujer, pidiendo a Santos la "paz" con el uribismo.

Andrés Felipe Arias fue el máximo rival de Juan Manuel Santos para la sucesión de Álvaro Uribe como candidato del Partido de la U a la presidencia de Colombia. Probablemente, el hoy máximo rival del flamante premio Nobel de la Paz lleva arrepintiéndose desde 2010 de su elección… No sólo porque se ha sentido «engañado y traicionado» por las políticas que ha seguido Santos desde su llegada al Palacio de Nariño, sede de la Presidencia, sino porque Arias, uno de sus alfiles en el Gobierno, ha sido perseguido por el Gobierno colombiano desde entonces. Tanto, que después de que la Corte Penal de Miami desechara la extradición del ex ministro Arias a Colombia el pasado mes de noviembre, la canciller María Ángela Holguín ha vuelto a solicitarla.

Arias fue condenado por la Corte Suprema de Justicia colombiana a 17 años de cárcel en 2014, acusado de irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro. El programa de subsidios agrarios funcionaba bajo la dirección del Ministerio de Agricultura que entonces dirigía Arias.

Después de su condena, Arias escapó a Estados Unidos, donde fue capturado a requerimiento del Gobierno santos el pasado agosto. En una vista pública, el pasado 18 de noviembre, el juez federal John O’Sullivan dejó en libertad bajo fianza de 100.000 dólares a Andrés Felipe Arias, quien desde entonces lleva una tobillera electrónica como medida preventiva.

La polémica se suscita porque, aunque Colombia no ha denunciado el Tratado de Extradición con EEUU firmado en 1979, no lo aplica por su parte para evitar el envío de decenas de narcoterroristas de las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con las que Santos acaba de firmar un acuerdo para su desmovilización.

A la polémica se sumó una declaración inesperada del Ministro Justicia, Jorge Eduardo Londoño, quien afirmó que así como lo argumenta la defensa del ex ministro, no existe tratado de extradición. «Este es un tema que corresponde más a Cancillería, por lo tanto nosotros hemos guardado prudente silencio para no interferir en la opinión qué ellos tienen. Efectivamente el tratado de extradición no existe, el resto se enmarca dentro de la soberanía que tiene cada Estado y los jueces de tomar sus propias decisiones», señaló Londoño el pasado 22 de noviembre.

El pasado sábado, Arias hizo un llamamiento desesperado desde Miami, grabando un vídeo junto a su esposa en el que reclamaba a Santos: «Haga la paz también con nosotros».

Ese acuerdo es la segunda versión de otro rechazado por los colombianos en plebiscito el pasado 2 de octubre. Y, a pesar de que la sociedad ha demostrado estar completamente dividida por la mitad en este aspecto, el Gobierno de Santos renegoció los textos con los narcoguerrilleros y los sacó adelante por la vía de urgencia –’fast track’, como se conoce en Colombia– en las dos cámaras del Congreso hace un par de semanas.

Por eso, las fuentes consultadas del Centro Democrático (CD), el partido de Uribe, insisten en que «Santos hace la paz con las FARC mientras ahonda su guerra con el uribismo». En la vista del pasado noviembre, uno de los testigos de la defensa de Arias fue el propio ex presidente Uribe, quien alegó que no es cierto que el Tratado de Extradición siga vigente, por lo que Arias no podía «ser entregado a la justicia colombiana».

El tratado fue firmado y ratificado por ambos países, pero la ratificación por parte de Colombia fue anulada por la Justicia de ese país, según la defensa. Sin embargo, la Cancillería recordó que el pasado 2 de diciembre envió una nota al Departamento de Estado de Estados Unidos confirmando la vigencia del Tratado de Extradición entre ambos países. Esto lo hizo a requerimiento del juez federal que lleva el caso de Arias, quien en realidad no está definitivamente exonerado del caso, a la espera de que se aclare la vigencia o no del Tratado.

Según ha aclarado la Cancillería colombiana en un comunicado, «las declaratorias de inexequibilidad efectuadas en su momento por la Corte Suprema de Justicia de las leyes aprobatorias de este Tratado sólo tienen efectos internos para Colombia y, por ende, es procedente que los Estados Unidos de América autorice una extradición con fundamento en el Tratado de 1979, tal como lo ha hecho en casos anteriores».

Esto es lo que alega el Gobierno Santos, que interpreta el Tratado de Extradición a su manera, sólo en una dirección, para poder apuntalar su acuerdo con las FARC, al tiempo que lucha con todas las armas en su mano contra el uribismo, que tanto daño le hace en la opinión pública y en las instituciones.

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