Un ex alto cargo de Chávez se niega por segunda vez a declarar en España por los sobornos de Duro Felguera

Duro Felguera
Sede de Duro Felguera en Madrid.
Carlos Ribagorda

Javier Alvarado, el millonario ex viceministro de Desarrollo Eléctrico en el Gobierno de Hugo Chávez, se ha vuelto a negar a declarar en la Audiencia Nacional por los supuestos sobornos recibidos de Duro Felguera a cambio de obras en el país.

Alvarado ya se negó a declarar el 26 de febrero al recibir la negativa del juez Ismael Moreno a declarar desde Venezuela por videoconferencia. El ex alto cargo de Chávez estaba citado este lunes para dar cuenta sobre una supuesta comisión de la constructora española cuando era presidente de Electricidad de Caracas a cambio de una obra de 1.500 millones.

Fuentes de la Audiencia Nacional han explicado que Alvarado afronta una posible orden internacional de detención al ser la segunda vez. Sin embargo, al haber recurrido la negativa de Moreno a que declarara por videoconferencia, tendría que resolverse primero el recurso.

La declaración de Alvarado era importante al ser la última de entre los investigados por este caso de supuestos pagos por parte de Duro Felguera de 89 millones de euros a altos funcionarios del Gobierno de Hugo Chávez a cambio de obras en el país.

La Fiscalía denunció en septiembre pasado a Angel del Valle y Juan Carlos Torres, ex presidentes de Duro Felguera, y a Javier Alvarado y Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía del Gobierno de Chávez, por esos pagos a cambio de la construcción de una central termoeléctrica de 1.500 millones en 2009.

Todos habían declarado ya, negando los hechos, y solo falta la de Alvarado, que hasta hace unos meses residía en España.

Batalla accionarial

Este juicio convive con una batalla accionarial dentro de la compañía, que necesita realizar una ampliación de capital de 125 millones de euros para seguir adelante con su actividad. El pasado 15 de abril acabó el plazo dado por la banca acreedora -liderados por Santander-, que ha vuelto a ampliar el plazo tres meses mas, hasta el 15 de julio.

Solo si se realiza esa ampliación de capital con la entrada de un socio industrial los cinco bancos acreedores aceptarán una quita del 85% de la deuda para que la compañía siga adelante.

Mientras, el ERE de más de 500 empleados puesto en marcha por la compañía sigue adelante, aunque con el rechazo de los trabajadores.

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