De promesa estratégica a escombro financiero:
cómo BlackRock se apoderó de la Mina la Parrilla y dejó atrás a 158 acreedores
De promesa estratégica a escombro financiero:
cómo BlackRock se apoderó de la Mina la Parrilla y dejó atrás a 158 acreedores
La mina de La Parrilla, en Almoharín (Extremadura), seleccionada por Bruselas para recibir subvenciones europeas, ha dejado a su paso más de 158 empresas impagadas a nivel nacional e internacional, incluyendo el impago de honorarios legales a varios despachos de abogados, consultoras y proveedores de maquinaria pesada, entre otras operaciones de construcción. Iberian Resources Spain (IRS), una de las compañías elegidas por la Comisión Europea para liderar la carrera de los minerales críticos contra China se ha visto envuelta en un sinfín de problemas financieros y numerosas batallas legales con sus acreedores. Y con el respaldo de BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, decenas de pequeños empresarios siguen sin cobrar.
Aunque el alcance total de la deuda de Iberian Resources Spain sigue siendo turbio, los informes financieros además de testimonios corroborados de personas familiarizadas con el asunto apuntan a unos 14,7 millones de euros en dinero supuestamente adeudado a 158 acreedores. (Esto no tiene en cuenta los cientos de millones que se debían a BlackRock antes del plan de reestructuración, que según las fuentes incluía la quita del 95% de su deuda pendiente). Esto incluye a los 57 acreedores que actualmente mantienen varias batallas legales con la minera, así como a otras 82 empresas de toda España, y otras 19 compañías internacionales con operaciones en países como Canadá, Turquía y Austral
“Sospechamos trato de favor”, sostiene Paco Gómez, uno de los acreedores y empresarios extremeños que aún espera el pago de 368.280 euros.
Alega que la mina, que está respaldada por BlackRock, presentó dos estados financieros diferentes tanto a la Junta de Extremadura como al Juzgado del Mercantil. En uno presentaban números que demuestran solvencia para explotar la mina y otro que demostraba insolvencia posterior, según Gómez. “La misma empresa se declara solvente ante la Junta de Extremadura para pedir nuevas autorizaciones y aumentar hasta 25 millones de toneladas de extracción”.
El Sr. Gómez lleva años enredado en esta lucha legal y actualmente está a la espera de que se admitan a trámite dos demandas distintas. Gómez explicó a este periódico que el impago de los trabajos que realizó en la mina le ha metido a su empresa en otros problemas financieros y ahora cuenta con su propio grupo de acreedores a los que debe pagar. «Debemos dinero a proveedores, a Hacienda y a la banca. Así es, cuando a una empresa como la nuestra, te falta medio millón en caja».
Una de las demandas de Gómez y los acreedores extremeños es contra la Consejería de Agricultura “por la falta de información y opacidad en los documentos que le pedimos para armar nuestra defensa en los juzgados”. El extremeño sostiene por su parte que la Consejería «sigue sin dar los datos auténticos, es decir, con una mancha negra, como si no existiera». En el pasado, la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, ha sostenido que la Junta de Extremadura “actuará conforme a la ley” y que la solvencia de la mina estaba debidamente “acreditada”. Otras fuentes sugieren que la historia es distinta.
57 de los acreedores extremeños identificados siguen luchando por el dinero que sostienen que nunca se les pagó. Es posible que nunca vean ese dinero. Esto se debe a la jerarquía de acreedores de la legislación concursal, que da prioridad a los acreedores garantizados o a los que han tomado garantías sobre los activos de la empresa, en este caso, BlackRock. Por eso, las grandes empresas de inversión como BlackRock son las primeras en ver el dinero que se les debe. En segundo lugar están los acreedores preferentes de la empresa, que suelen ser los empleados o directivos de la misma. Al final de la fila están los llamados acreedores ordinarios, generalmente contratistas a los que se deben fondos y, en este caso, los empresarios locales que reclaman dinero de la mina. Se trata, en definitiva, de las personas que confiaron en la empresa y que suelen ser las que más tienen que perder.
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Un magnate.
Una sanción. Y un ERTE.
La historia se remonta a su empresa matriz afincada en una calle en Londres, W Resources, anteriormente dirigida por el magnate minero australiano Michael George Masterman. Masterman contaba con décadas de experiencia en el sector minero. En su país, el ejecutivo era conocido por ser uno de los cofundadores de la start-up minera Element Zero, que pronto se vio envuelta en su propia y larga disputa legal. La disputa se centró en el supuesto robo de información confidencial para desarrollar una patente de tecnología de hierro verde por parte de Masterman y su socio fundador, Bart Kolodziejczk. La batalla legal sigue abierta.
Masterman abandonó Australia y más tarde fundó W Resources, la empresa matriz avalada por BlackRock que ese mismo año crearía Iberian Resources Spain (IRS), con permisos mineros y la financiación del mismo. La financiación de BlackRock fue estructurada de forma estratégica a través de un préstamo a plazo garantizado. (Esto quiere decir que, cuando W Resources quebró con una deuda multimillonaria que debía a BlackRock, el gigante de la inversión se quedó con la mina como colateral). La mina estuvo operativa unos años, hasta marzo de 2022, cuando la Junta de Extremadura la sancionó con 5.000 euros por no contar con una autorización ambiental. La mina cerró sus puertas y emitió un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) dirigida a su plantilla de 130 trabajadores, por motivos de liquidez.
Esto desencadenó una crisis financiera dentro de W Resources, que condujo eventualmente a su disolución final. Fue a finales de 2023 cuando FRP Advisory Trading Limited, una empresa de asesoría contratada por la propia empresa, concluyó que parecía «que no habría fondos suficientes para permitir el pago de un dividendo a los acreedores no garantizados mediante la parte prescrita”. Esto, supuestamente, incluye a la cola de acreedores que esperan cobrar. Desde entonces, la empresa matriz es insolvente, con un pasivo pendiente que asciende a 7.214,95 libras (8.553,03 euros), según indica el Registro Mercantil británico, Companies House. Los 158 acreedores ordinarios se encuentran desde entonces en el limbo.
Conjuntamente, las tres minas seleccionadas por la Comisión Europea afrontan situaciones complicadas: la Mina Las Navas y la Mina de Aguablanca, por el uso de un permiso ambiental caducado. La Mina la Parrilla, en Almoharín, a 50 kilómetros de Cáceres, afronta el camino más difícil con su solvencia en el foco principal.
Los distintos dueños
de la Mina la Parrilla
Texto
Monique Zamora
Diseño
OKDIARIO