Vox llevará a Sánchez al Constitucional por ocultar los informes de la Abogacía sobre el estado de alarma

Vox llevará al Gobierno de Pedro Sánchez al Tribunal Constitucional tras ocultar a las Cortes los informes emitidos por la Abogacía del Estado en relación al estado de alarma que decretó el Ejecutivo socialcomunista por la crisis del coronavirus del pasado 14 de marzo al 21 de junio.

Así lo ha anunciado la secretaria general y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso, Macarena Olona, a través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter donde ha denunciado la opacidad y el oscurantismo del Gobierno de PSOE y Podemos.

La diputada electa por Granada explica que su partido solicitó todos los informes emitidos por la Abogacía del Estado en relación con el estado de alarma, pero denuncia que «el Gobierno se niega a facilitárnoslos». Por ello, ha avanzado que «recurriremos su mando caciquil y chulesco ante el Constitucional».

Además, ha ironizado con que el gabinete de Sánchez sea el «Gobierno de la transparencia» y ha calificado este asunto de un «motivo» más para la presentación de la moción de censura contra el presidente socialista que la formación de Santiago Abascal tiene previsto registrar en el mes de septiembre.

“El Gobierno de la transparencia”. @VOX_Congreso solicitó todos los Informes emitidos por la Abogacía del Estado en relación con el estado de alarma. El Gobierno se niega a facilitarnoslo. Recurriremos su mando caciquil y chulesco ante el Constitucional. #MotivosParaLaMocion pic.twitter.com/TsuYlJUiZa

— Macarena Olona (@Macarena_Olona) August 26, 2020

Se da la circunstancia de que Olona, en su condición de portavoz adjunta de Vox en el Congreso y para el «mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias», solicitó al Gobierno el pasado 7 abril que diera traslado a las Cortes de los informes elaborados por la Abogacía en relación al estado de alarma decretado por Moncloa por el coronavirus. Sin embargo, el Ejecutivo se negó a remitir tales informes con una esquiva respuesta a la diputada de Vox el 26 mayo.

En dicha respuesta, con sello de la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes que dirige José Antonio Montilla, dependiente del Ministerio de la Presidencia, el Gobierno se limita a decir que «ha cumplido con todos los procedimientos que establece el artículo 116 de nuestra Constitución para la declaración del estado de alarma, así como sus sucesivas prórrogas que han sido aprobadas por el Congreso de los Diputados».

Junto a ello, Moncloa remite a la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Pleno del Congreso el pasado 20 de mayo donde «se refirió a este y otros asuntos».

Informes «ad hoc»

En concreto, Sánchez aseguró en aquel debate parlamentario sobre la quinta prórroga del estado de alarma que la Abogacía del Estado había emitido tres informes en los que planteaba que no había otra opción jurídica, a diferencia de lo sostenido por PP y Vox, para mantener el confinamiento.

Sin embargo, la oposición consideró que estos informes fueron elaborados «ad hoc» por la influencia que el Ejecutivo ejerce en la Abogacía y defendió como alternativas la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley General de Sanidad o la más reciente Ley General de Salud Pública.

El tercero de esos informes esgrimidos por Sánchez, que fue difundido por la agencia estatal Efe, llevó la firma de la abogada general, Consuelo Castro. Y decía que la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986 faculta a las autoridades sanitarias para adoptar determinadas medidas «al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro» y «cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad», pero Castro mantenía que esa norma no les da potestad para limitar los movimientos de toda la población y en todo el territorio nacional.

En cuanto a la Ley General de Sanidad de 1986 y a la Ley General de Salud Pública de 2011, el informe de la Abogacía entendía, en contra de la postura de PP y Vox, que tampoco permiten esa afección generalizada a la libertad deambulatoria. Cabe recordar que antes de que Sánchez decretara el estado de alarma, las autoridades ya acordaron el confinamiento de varios territorios de Cataluña.

En aquel debate parlamentario, el líder del PP, Pablo Casado, afirmó que Sánchez no tenía que «hacer uso de los informes de la Abogacía del Estado» porque el Gobierno «no respeta nada», «ni a la Fiscalía General del Estado, ni al CNI ni el CIS ni la Abogacía General del Estado». «Usted trae un informe ad hoc y además el informe del PP (que contemplaba otra regulación alternativa) lo hemos hecho con los mismos abogados del Estado que estaban en el Gobierno hasta hace dos años y que volverán muy pronto», señaló el presidente de los populares.

Dejación de funciones

Ahora, en plena segunda oleada de la pandemia y con los rebrotes en aumento, el Gobierno de Pedro Sánchez ha delegado en las comunidades autónomas la respuesta a la crisis del coronavirus, instándoles, como hizo este martes en rueda de prensa desde Moncloa, a que soliciten al Gobierno la declaración del estado de alarma en su territorio cuando lo consideren oportuno. Una dejación de funciones por parte del Ejecutivo de la Nación que ha sido criticado por la oposición. «Sánchez se lava las manos», coinciden desde PP y Vox.