El Tribunal de Cuentas recupera 65 millones de euros públicos con sus condenas por mala gestión

Además de su Sección de Fiscalización, el Tribunal de Cuentas que preside María José de la Fuente cuenta con una Sección de Enjuiciamiento contable y puede exigir responsabilidad económica a aquellas personas que se ocupan de gestionar o administrar bienes o fondos públicos si su gestión ha provocado daños sobre el patrimonio público.

Esta función, que es competencia exclusiva del Tribunal de Cuentas, también es ejercida por la institución sobre aquellas personas o entidades, públicas o privadas, que reciben subvenciones, créditos, avales u otras ayudas procedentes del sector público.

En concreto, el año pasado la Sección de Enjuiciamiento dictó condenas por responsabilidad contable por importe de 64,67 millones de euros que, previa la ejecución, se reintegrarán en el erario publico. De la citada cantidad, 60,84 millones corresponden a sentencias en primera instancia, 3,78 millones en segunda y 44.799 euros a autos de sobreseimiento por reintegro.

Entre estas condenas destacan las que recayeron sobre el expresidente catalán Artur Mas, por el dinero utilizado para la organización del referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014, y la que se dictó contra la exalcaldesa de Madrid, la ‘popular’ Ana Botella, por la venta de viviendas públicas a un ‘fondo buitre’.

Artur Mas y Ana Botella

En concreto, Mas y nueve antiguos miembros de su Govern, en una sentencia que ha sido recurrida, fueron condenados a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros por la organización de la citada consulta independentista.

De su lado, Botella y los que fueron concejales en su equipo de gobierno lo fueron por el perjuicio de casi 25,8 millones de euros que produjo a la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid (EMVS) la venta en 2013 por dejado de su precio de mercado de 18 promociones de viviendas al grupo societario Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone.

Además, en 2018 tribunal levantó actas de liquidación por un total de 12,48 millones de euros, de los que 9,57 millones corresponden al principal y 2,90 millones a intereses legales, según el balance de 2018 recogido por Europa Press.

Tras la detección de indicios de presuntas responsabilidades contables, durante 2018 la Sección de Enjuiciamiento tramitó un total de 287 diligencias preliminares, de las que más de la mitad (133) surgieron de informes de fiscalización aprobados por el propio tribunal.

El resto tienen su origen en informes de los órganos de control externo de comunidades autónomas (58), de informes de otras Instituciones Públicas (57), de comunicaciones de acciones públicas (25) y sólo 14 de denuncias de particulares.

En cuanto a las 150 actuaciones previas tramitadas durante 2018 –de las que cuatro fueron devueltas–, casi la mitad (71) afectaron al sector público local, 48 al autonómico y 27 al estatal. Como consecuencia de las mismas se iniciaron 171 procedimientos de responsabilidad contable.