Sánchez se rinde a ERC: veta un aumento del sueldo a jueces y policías en Cataluña

Los Presupuestos del Gobierno de PSOE y Podemos han superado este jueves un nuevo trámite, en el debate de las enmiendas parciales en comisión, lo que deja las cuentas listas para su votación en el Pleno del Congreso. El Ejecutivo ha vetado decenas de enmiendas con el pretexto de que implican un incremento de gastos o disminución de ingresos. Entre ellas, varias relativas al fortalecimiento del Estado en Cataluña, presentadas por el Partido Popular.

En concreto, los ‘populares’ pedían un complemento salarial para los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, jueces y fiscales, que ejercen en esa comunidad. También solicitaban vía enmienda un refuerzo económico y de personal tanto para la alta inspección educativa en Cataluña, para garantizar «el cumplimiento de la ley en los centros educativos», como para las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Desde el partido de Pablo Casado se esgrimía, por ejemplo, que «se debe incluir a los miembros de la carrera judicial con destino en Cataluña como perceptores del mismo complemento que ya existe para los miembros de dicha carrera con destino en País Vasco y Navarra». También apoyaban un plus retributivo para policías y guardias civiles en Cataluña por «la especial dificultad con la que desempeñan su trabajo».

Enmienda inconstitucional

El proyecto de ley de los Presupuestos del Ejecutivo socialcomunista ha superado este jueves el trámite en comisión con los votos de los mismos partidos que facilitaron que Pedro Sánchez llegase a La Moncloa.

El informe de la ponencia -el texto presupuestario que incluye las enmiendas que se han introducido en los tres días de debate en la Comisión de Presupuestos- ha recibido diecinueve votos a favor, once en contra y una abstención.

La mayoría de los partidos de la oposición, sobre todo PP, Coalición Canaria y Ciudadanos, ha lamentado que el Ejecutivo haya vetado más de un centenar de enmiendas argumentando minoración de ingresos o aumentos de gastos y que, por lo tanto, no hayan podido ser debatidas.

Los portavoces han debatido cerca de 3.900 enmiendas durante tres días aunque sólo se han aprobado contadas modificaciones.

Salvo una enmienda acordada con Ciudadanos, el resto de las aprobadas están relacionadas con los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez y que ahora son favorables a respaldar las cuentas públicas, como PNV, Más País, Compromís, Teruel Existe, ERC y Bildu.

El Gobierno, en cambio, sí aceptó debatir la enmienda pactada entre Podemos, ERC y Bildu sobre los desahucios, pese al informe en contra de los letrados de las Cortes, que habían advertido de que el encaje de esta reforma en los Presupuestos «podría entrar en contradicción con la doctrina constitucional». Finalmente, los socialistas votaron en contra durante su debate, aunque prometieron a Pablo Iglesias tramitarla por la vía del decreto, como el vicepresidente social ha anunciado este jueves.

La negociación del Ejecutivo con las fuerzas que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez ha provocado el malestar entre otros partidos de la oposición, como PP y Ciudadanos, que han visto cómo sus enmiendas eran rechazadas bajo el pretexto de que suponían un incremento de gasto o una disminución de ingresos.

Los ‘populares’ anunciaron que pedirán un informe a los letrados por lo que califican de «atropello», ya que el Gobierno ha rechazado más de 80 de sus enmiendas. Muchas, dirigidas a mejorar la situación de los ciudadanos golpeados por la crisis de la pandemia, más dinero para planes de empleo y autónomos, bajadas de impuestos y fondos para ayuntamientos. Por parte de Ciudadanos también se quejan del veto a más de 60 de sus propuestas, relacionadas, entre otros asuntos, con la protección de autónomos y pymes.

En su lugar, sí se han aceptado enmiendas de PNV, ERC y Bildu, vinculadas, por ejemplo, a un incremento de las inversiones en Cataluña, a más infraestructuras de transporte en el País Vasco e inversión tecnológica.

Sin embargo, las grandes cesiones han venido fuera de las cuentas públicas. Por un lado, a través de la Ley Celaá, que suprime el carácter vehicular y oficial del español, como gesto para satisfacer a ERC.

Por otro, Sánchez ha accedido a desarrollar una reforma fiscal que, en palabras de ERC, incluya «el fin del paraíso fiscal de Madrid». En definitiva, más impuestos para castigar a los madrileños.

El acuerdo con ERC defiende que hay que establecer en toda España límites mínimos y/o máximos de gravamen para «evitar situaciones de competencia fiscal a la baja».

Sánchez, por su parte, confirmó que «la armonización fiscal se tiene que producir en determinados impuestos en nuestro país si queremos garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, vivan donde vivan».