Gobierno de España

Sánchez se niega a equiparar salarialmente a sus sanitarios interinos como sí hace Ayuso

China Covid
Pedro Sánchez e Isabel Díaz-Ayuso (Foto: EP)

La defensa de la sanidad pública de la que Pedro Sánchez suele presumir e incluso contraponer a la gestión sanitaria del Partido Popular, y muy especialmente a la de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, queda en meras declaraciones de intenciones cuando se analiza su acción de gobierno. Es lo que sucede por ejemplo con el caso de los sanitarios interinos que dependen del Gobierno de España, y a quienes Sánchez se niega a equiparar salarialmente con el personal funcionario reconociéndoles la carrera profesional sanitaria, algo que sí hace el Gobierno de Ayuso.

De este modo, sucede que el personal sanitario y los médicos interinos cuyo pagador es el Estado, y, por tanto, Sánchez, que prestan sus servicios en la misma Comunidad de Madrid estén cobrando menos que trabajadores en la misma situación laboral dependientes de la administración que dirige Ayuso. Esta circunstancia provoca que profesionales que atienden a pacientes madrileños, como por ejemplo los del Hospital Militar Gómez Ulla, y ejercen a apenas unos kilómetros de hospitales de la red pública de Madrid, como puede ser el Hospital 12 de octubre o el Hospital Clínico, sufren unas peores condiciones salariales.

La lucha de los profesionales sanitarios interinos para que se les reconozca la carrera profesional, lo cual conlleva el cobro de un complemento salarial, viene de lejos y en los últimos años buena parte de las comunidades autónomas, entre ellas la de Madrid de Ayuso, han equiparado sus sueldos a los de los funcionarios con plaza fija. Los tribunales, de hecho, han venido emitiendo sentencias en las que daban la razón en sus reclamaciones a los sanitarios internos y reconocían su derecho al reconocimiento de la carrera profesional y, por tanto, al cobro de los complementos que lleva aparejada.

El Gobierno de Sánchez no se ha librado de ser conminado por la Justicia para que ponga fin a esta diferenciación salarial entre profesionales que realizan las mismas funciones. Pero, hasta la fecha se ha resistido a reconocer de forma general la equiparación salarial que los juzgados sí le han obligado a pagar en los casos concretos que han fallado a favor de las demandas de personal interino dependiente del Estado. Y es que a pesar de que las competencias sanitarias están transferidas a las comunidades autónomas y el grueso de los sanitarios de España dependen de ellas, el Estado cuenta con personal médico en su plantilla.

Es el caso de los profesionales que prestan sus servicios en el Ingesa, que se ocupa de la Sanidad en Ceuta y Melilla, así como el personal de la Organización Nacional de Trasplantes, del Instituto Social de la Marina o de los Hospitales Militares de Zaragoza y el Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid. Este último es el que provoca la circunstancia de que médicos y sanitarios que dan servicio a pacientes madrileños, ya que no sólo atienden a personal militar y sus familias, sino también a usuarios de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid, tengan unas peores condiciones laborales que los empleados públicos que dependen de la Consejería de Sanidad de Ayuso, y que el pasado mes de septiembre decidió comenzar a equiparar a todos sus sanitarios.

Ataques

Este hecho tira por tierra la defensa a ultranza que supuestamente lleva a cabo el PSOE allí donde gobierna y que Sánchez repite machaconamente en sus intervenciones. Casi siempre con la intención de reprobar la gestión que en esta materia acometen las administraciones donde gobierna el PP. Incluso, cuando la ocasión se lo permite, el presidente del Gobierno centra esos ataques en la persona de Isabel Díaz Ayuso.

Que este asunto es un caballo de batalla para Sánchez lo prueba el hecho de que lo ha sacado a colación en sus últimas dos intervenciones parlamentarias más importantes. Así, tanto en su comparecencia sobre las medidas económicas a cuenta de la crisis energética en el Congreso a principios de octubre, como en su debate en el Senado con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, utilizó la sanidad pública como arma arrojadiza contra los populares y presumió tanto de haber reforzado desde el Gobierno los servicios públicos sanitarios como de haber dignificado las condiciones laborales de los profesionales de la sanidad.

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