Sánchez ofrece a Torra lo que niega a la oposición: corregir los decretos para evitar el Constitucional

El Gobierno de Pedro Sánchez ya manifestó en su día su vocación de evitar la conflictividad jurídica en sus relaciones con Cataluña. O lo que es lo mismo: que las autoridades independentistas litigasen contra el Estado en el Tribunal Constitucional.

La fórmula del Ejecutivo fue así crear toda una infraestructura en torno a las negociaciones con el gobierno de Quim Torra, empezando activar la Comisión Bilateral, un órgano previsto en el Estatut. De dicha comisión depende también la subcomisión del ‘seguimiento normativo, prevención y solución de conflictos’, encargada de «mediar» en las relaciones entre el Gobierno central y el catalán y resolver sus discrepancias.

El Diario Oficial de la Generalitat informa este jueves del acuerdo adoptado por dicha subcomisión en su reunión del pasado 5 de febrero. Un acuerdo, firmado por la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y el consejero catalán de Acción Exterior, Alfred Bosch, en el que el Gobierno de Sánchez accede a que Torra modifique uno de sus reales decretos-ley -en concreto, el relativo a ‘medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España’- de forma negociada con el Gobierno. Es decir, sin acudir al Tribunal Constitucional.

Una circunstancia que adquiere un especial sentido en plena polémica entre el Ejecutivo y la oposición por la validez de los decretos ‘electoralistas’, que PP y Ciudadanos tildan de inconstitucionales.

Sobre el objeto de discrepancia, la Generalitat mostraba su rechazo a la exigencia de tener que pedir permiso al Gobierno central para las «redes de distribución eléctricas cerradas».

Según se lee textualmente en el decreto del Gobierno, dichas redes, que permiten el suministro de electricidad «en ámbitos geográficos reducidos», «deberán ser autorizadas por la Dirección General de Política Energéticas y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia». El Gobierno secesionista estimó que dicho punto supone un conflicto de competencias. 

En el acuerdo, el Gobierno de Sánchez accede a «iniciar negociaciones para resolver las discrepancias competenciales» suscitadas en relación a dicho real-decreto para lo que se designará un grupo de trabajo constituido ad hoc. 

Sánchez ofrece así a Torra la posibilidad de enmendar la iniciativa del Gobierno, en un acuerdo bilateral y sin acudir al Constitucional. Entre tanto, el Ejecutivo socialista defiende la validez de sus decretos-ley ante la oposición, que considera que no existe carácter urgente que los justifique y que se trata de un mero instrumento propagandístico.

Ciudadanos solicitó este miércoles al Congreso el estudio de la constitucionalidad de los permisos de paternidad recogidos en uno de los últimos decretos del Gobierno, al considerar que la modificación de una ley orgánica no es posible por esa vía. Los letrados concluyeron que la medida sí se ajusta a la Constitución, en tanto los artículos afectados no tienen carácter orgánico.

En la semana del ‘relator’

El acuerdo se firmó, precisamente, el mismo día en que el Gobierno de Sánchez acataba la inclusión de un «relator» en las conversaciones con las autoridades independentistas sobre el futuro de Cataluña. Ese día, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, admitía en el Senado que dicha figura, exigida por el secesionismo, tendría como cometido «tomar nota y dar fe de lo que se habla, convocar y coordinar» a las distintas fuerzas políticas en torno al desafío territorial.

La cesión de Sánchez generó una oleada de críticas -también dentro del propio Partido Socialista- y provocó que PP, Ciudadanos y VOX convocasen una multitudinaria concentración en Colón (Madrid) para reclamar la inmediata convocatoria de elecciones.

La intención del Gobierno es resolver, al margen del Tribunal Constitucional, la conflictividad derivada, especialmente, del reparto de las competencias.

Esa vocación, como informó OKDIARIO, se recogía también en el frustrado proyecto de Presupuestos. En concreto, la memoria de objetivos del Ministerio de Política Territorial plasma expresamente el “impulso y coordinación de actuaciones con los Departamentos ministeriales y las Comunidades Autónomas, encaminadas a la solución extraprocesal de conflictos de competencias”.

Un propósito que también se contemplaba en cuentas públicas anteriores, aunque, en este caso, con un notable fortalecimiento. Si en 2018, por ejemplo, la previsión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de actuaciones en este ámbito era de 110, para 2019 el Gobierno de Sánchez la estima en prácticamente el doble(200).

Con la llegada del líder socialista, y en una cesión a los partidos secesionistas, el Gobierno se abrió a estudiar qué recursos planteados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional contra sus leyes autonómicas podrían retirarse.