Sánchez no irá contra Maduro por crímenes de lesa humanidad pese a ordenar 8.292 ejecuciones

El Ejecutivo socialista no contempla tal acción porque considera que ello dificultaría la «solución dialogada» hacia «elecciones libres» por la que apuesta la Administración Sánchez, que niega todavía el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y que ha dado un ultimátum de «8 días» a Maduro para que convoque esos comicios. En caso de que no lo haga, el jefe del Gobierno ha señalado que entonces reconocería a Guaidó como presidente con el mismo encargo de ir a las urnas.

Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú reclamaron el pasado septiembre a la Fiscalía de Corte Penal Internacional (CPI) que abra esa investigación contra el Gobierno de Nicolás Maduro ante las denuncias de «detenciones arbitrarias, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, abusos sexuales, violaciones, o atentados flagrantes contra el debido proceso».

En concreto, según consta en el último Informe de la Secretaría General de la OEA y del Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, presentado el año pasado, se han contabilizado entre 2014 y 2018 (Maduro asumió el poder desde el 5 de marzo de 2013) al menos 8.292 ejecuciones extrajudiciales documentadas, más de 12.000 venezolanos arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a otras severas privaciones de libertad física, más de 1.300 presos políticos: personas que han sido o aún están detenidas por su oposición al gobierno, y un «patrón generalizado y sistemático de abuso» dirigido a un segmento identificado de la población civil en Venezuela.

El pasado diciembre, el Foro Penal Venezolano cifró en 288 los presos políticos en este país latinoamericano, una cifra que será mayor estos días dado que en las últimas semanas se han registrado al menos 495 detenidos en las protestas contra el régimen de Maduro y a favor del presidente «encargado» Guaidó. El número de muertos en estas manifestaciones se sitúa en la treintena.

Por su parte, el jefe de la oposición y líder de PP, Pablo Casado, ha exigido al Gobierno de Sánchez que España se sume a estos seis países que han llevado al «sátrapa» Maduro al CPI. Y en la misma línea se ha pronunciado el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, quien ha recalcado que el Parlamento europeo ya pidió que la Corte Penal Internacional investigue los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen chavista. Sin embargo, desde Moncloa no prevén dar ningún paso en este sentido.

En una respuesta parlamentaria escrita al diputado y portavoz de Exteriores de Ciudadanos, Fernando Maura, el Ejecutivo socialista ha señalado que «la razón por la que se desecha la adhesión a la petición es por una consideración de oportunidad: preocupa que una iniciativa de estas características, pueda afectar negativamente al establecimiento de una vía dialogada».

«Otros cauces»

La contestación, fechada el pasado 26 de noviembre, dice que el Gobierno entiende que «hay otros cauces que pueden resultar más eficaces para propiciar el respeto a la institucionalidad democrática y a los Derechos Humanos (DDHH) por parte del Gobierno venezolano», y pone como ejemplo, el «establecimiento de una cooperación constructiva» con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michele Bachelet.

Con todo, el Ejecutivo socialista esgrime que su apuesta «por la vía del diálogo no supone en ningún caso reducir el nivel de exigencia al Gobierno venezolano en materia de respeto al Estado de Derecho». En última instancia, el gabinete de Sánchez se escuda en que «el anterior Gobierno
español tampoco presentó ante la CPI ninguna petición de investigación sobre Venezuela», en alusión a la etapa de Mariano Rajoy.