Sánchez entierra su prometida ley para evitar el estado de alarma tras disfrutar 10 meses del mando único

El Gobierno de Pedro Sánchez da por enterrada su prometida ley para evitar la declaración eterna del estado de alarma. Aunque la vicepresidenta Carmen Calvo anunció a bombo y platillo en el Senado la intención de aprobar esta nueva norma, ahora OKDIARIO accede a una respuesta a través del Portal de Transparencia en la que el Ejecutivo confirma que no hay ninguna previsión de llevar a cabo esos trabajos legales.

Así, Sánchez va a disfrutar en total de 10 meses de mando único, cuatro de marzo a junio y otros seis desde noviembre hasta previsiblemente abril. Sin embargo, el pasado 13 de mayo, en plena desescalada, el Gobierno prometió los cambios legislativos necesarios para prescindir del estado de alarma en los siguientes meses. Calvo, además, pidió a los partidos disposición para votar a favor de esas reformas con amplios acuerdos.

Ahora, en una respuesta fechada el 11 de diciembre, el subsecretario del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Antonio J. Hidalgo López, asegura que «las reformas legislativas anunciadas por la vicepresidenta en la comparecencia aludida fueron recogidas en el Real Decreto-ley 21/2020 [conocido como el decreto de ‘la nueva normalidad’]». No obstante, en esas modificaciones no se menciona en ningún momento la figura legal del estado de alarma. Este periódico quería saber qué plazos se planteaban para estas reformas pero el Gobierno ya da por descartado el plan anunciado.

«La disposición final segunda de esta norma modificó la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud», subraya el Gobierno de España y agrega cómo quedó esa norma modificada. Sin embargo, en la práctica se ha demostrado que, al llegar noviembre, esas ligeras reformas legales no eran suficientes para el Gobierno para evitar la declaración del estado de alarma por medio año. Además, el presidente consiguió relajar el mecanismo de supervisión de este mecanismo para no rendir cuentas al Congreso cada dos semanas, como era obligatorio. El estado de alarma es un instrumento constitucional, pero ampliamente contestado por el uso excepcional que de él hace el Gobierno.

Carmen Calvo prometió expresamente en el Senado «una reforma sanitaria de algunos elementos importantes de la legislación básica del Estado». «Tenemos que pertrecharnos para pasar el verano y naturalmente el otoño, por si existe un repunte o una vuelta de la intensidad de la Covid-19 en unas condiciones que ya no tenga que ser utilizable el artículo 116 de la Constitución», es decir, el punto de la Carta Magna que rige el estado de alarma. Pidió en esto el «consenso» de las fuerzas políticas para aprobar esta norma «sin merma de las transferencias y del respeto a las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas».

«Para cualquier situación»

«Salir de la alarma significa darnos a nosotros mismos de instrumentos importantes para poder navegar cualquier situación que vuelva a perturbarnos», desarrolló. De esta forma, ponía sobre la mesa una revisión de las leyes existentes, como la Ley General de Sanidad, que permitiría confinar a la población sin tener que activar el citado artículo constitucional.

«Queremos encontrar para el otoño una fórmula de respuesta que no tenga que ser ya ninguna excepcionalidad», prometía Calvo en mayo. La vicepresidenta socialista insistía en la «obligación» de «revisar nuestras leyes» y «ponerlas al día». «Y si tenemos que llegar a situaciones de confinamiento o aislamiento, lo podamos hacer sin tener que recurrir a la vía del 116», recalcó.

Además, unos días después, el 20 de mayo, el propio Pedro Sánchez confirmó en el Congreso que su gabinete ya estaba analizando qué normas deberían modificarse para gestionar la pandemia, una vez expirase el estado de alarma (el 21 de junio).

Tras dejar pasar los meses sin esa reforma legal, la pandemia se desbocó y se volvió a recurrir al estado de alarma. Desde mayo, España se ha sumido en «riesgo extremo» de contagio. La incidencia acumulada rozó los 500 casos por cada 100.000 habitantes (a 14 días). En la desescalada, cuando Calvo anunció cambios legislativos, apenas se registraban 25,71.

El Ejecutivo buscaba así una arquitectura legal suficiente para gestionar los nuevos contagios en la «nueva normalidad» sin recurrir a la excepcionalidad de la alarma. Pero nunca más se supo de ese marco jurídico.

Sin conferencias de presidentes

Por otra parte, en junio el Ejecutivo defendía el concepto de «cogobernanza» con las comunidades autónomas, dejando a éstas la gestión de la crisis a través de las leyes ordinarias, que no permiten restringir los derechos fundamentales y que obligan a ser convalidadas por los tribunales. En la práctica, Sánchez ha descargado la responsabilidad en los jefes de los Ejecutivos regionales para que su imagen no se vea perjudicada.

Tal es así que prometió conferencias de presidentes autonómicos mensuales pero ya ha pasado noviembre y gran parte de diciembre y no se ha celebrado ni una sola sesión de este foro. La ministra Carolina Darias se comprometió a organizar una reunión de este órgano en noviembre pero aún no se ha desarrollado.

Con la segunda ola, el Gobierno se ha mantenido al margen y las autonomías, mientras, se han movido en la incertidumbre legal absoluta. Han tenido que acudir a la Justicia para ratificar aquellas medidas limitativas de los derechos fundamentales.

Por su parte, el Partido Popular lanzó en julio una propuesta para reformar la legislación y adoptar medidas sin recurrir al artículo 116. Sin embargo, el Gobierno no atendió esta sugerencia de modificar la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de Salud Pública de 1986 que, entre otras propuestas, facilitaría limitar la libre circulación sin tener que activar el estado de alarma. Recibieron entonces oídos sordos de Moncloa a la propuesta, y la iniciativa quedó paralizada.