Revés para Sánchez: 200 familias de víctimas se niegan a las primeras exhumaciones en el Valle

Más de 200 familias de víctimas identificadas de ambos bandos (nacional y republicano) que descansan en las criptas del Sepulcro de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, se oponen a la manipulación de los restos de sus antepasados y complican la exhumación de los hermanos Lapeña, tal y como solicitan sus descendientes.

La complejidad de los trabajos de recuperación de los restos de los 81 caídos no individualizados, procedentes de Calatayud, que sería necesario abordar para acceder a la identificación vía ADN de ambos sindicalistas republicanos —si es que se encontrasen en dicha ubicación, cuestión sobre la que la familia Lapeña alberga dudas— hace que su recuperación sea de «extrema complejidad» sin lesionar los derechos de terceros que protege expresamente el Auto emitido el 30 de marzo de 2016 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de San Lorenzo de El Escorial.

Pendientes del informe técnico-jurídico del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por encargo de Patrimonio Nacional —una vez finalizados los trabajos de campo preliminares, el pasado 23 de abril, para determinar la viabilidad del acceso de los miembros del Consejo Médico Forense al piso tercero de la Cripta—, desde la institución aseguran que «no se producirá ninguna actuación para la exhumación de restos mientras no se reciba» el mismo.

El informe fue inicialmente paralizado por un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos ante la Audiencia Nacional, que desistió en su postura el pasado mes de marzo.

Patrimonio Nacional confirma que si dicho informe —que se conocerá en próximas semanas— estableciese la posibilidad de acceso hasta los restos cadavéricos no identificados, sería imprescindible un segundo dictamen forense para determinar el procedimiento aplicable a la «localización, identificación y exhumación de los restos cadavéricos de los Sres. Lapeña» subordinado siempre al cumplimiento de «lo señalado en el informe de la Abogacía General del Estado».

De acuerdo con ello, si finalmente se comprobase que los columbarios en los que podrían encontrarse los restos de los hermanos Lapeña se han convertido actualmente en un osario, en el que se encuentran confundidos con los restos cadavéricos de las demás personas inhumadas, la familia tendrá que interponer la correspondiente demanda para que sea la Justicia la que se pronuncie en firme sobre la exhumación solicitada, si los derechos de las más de 200 familias de víctimas identificadas —que se oponen a cualquier tipo de manipulación— pudiesen verse afectados.

Contrarreloj de Sánchez

El reloj juega en contra de Pedro Sánchez en materia de Memoria Histórica. Si tras su llegada al Gobierno se comprometía a exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos antes del verano y ampliaba la propuesta a todas las víctimas de la Guerra Civil, ahora el inquilino de Moncloa pospone sin fecha concreta la cuestión, consciente de las dificultades técnico-jurídicas para su ejecución.

El caso de los hermanos Lapeña, es paradigmático de una situación en la que el Gobierno deberá enfrentarse a la disconformidad de todas aquellas familias cuyos parientes identificados se encuentren inhumados en el mismo piso de la mencionada cripta del cementerio del Valle de los Caídos.

Únicamente una sentencia judicial —dictada en un proceso declarativo en el que podrán personarse los demás interesados— definirá los intereses en conflicto y la aplicación del principio de proporcionalidad resolviendo, en definitiva, si se desarrollan todas las tareas necesarias para localizar, identificar y, en su caso, exhumar a los Lapeña Altabás o si por el contrario las mismas no pueden acometerse para priorizar el derecho de las demás familias a mantener la ubicación intacta de los restos de sus antepasados.