Reacciones a la decisión del Supremo sobre el impuesto hipotecario

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha dicho que «hay que respetar» las resoluciones judiciales, tras conocer que el Tribunal Supremo (TS) ha decidido que sea el cliente y no el banco el que tiene que pagar el impuesto de las hipotecas.

En los pasillos del Senado, una vez conocida la decisión del Tribunal Supremo, Valerio se ha referido muy brevemente al criterio establecido por el alto tribunal respecto al impuesto hipotecario, simplemente para recordar la obligación de respetarla.

Tras dos días de deliberaciones, el pleno de la sala de lo contencioso administrativo ha decidido, por 15 votos contra 13, rechazar los recursos planteados y recuperar la doctrina anterior de octubre, de modo que sea el hipotecado el que asuma la tasa.

El Gobierno prevé fijar el próximo jueves su posición sobre la decisión del Tribunal Supremo en torno al pago del impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas tras analizar con detenimiento esta resolución.

El Supremo ha acordado hoy que sea el cliente quien abone ese impuesto vinculado a la firma de una hipoteca, con lo que da un paso atrás en la reciente doctrina, dictada hace tres semanas, que imponía a la banca el pago de este gravamen.

Fuentes del Ejecutivo se han limitado a informar de que el Gobierno va a analizar el impacto de esa decisión y fijará su posición en la reunión del Consejo de Ministros del próximo jueves.

Esta semana se adelanta un día la reunión habitual del gabinete debido a que el viernes es festivo en Madrid.

Tras conocer la decisión del Tribunal Supremo, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Senado ha manifestado que «hay que respetar» las resoluciones judiciales.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha señalado como «desconcertante» el fallo del Tribual Supremo (TS) que decide que los clientes asumen el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados «pone los intereses de las entidades financieras por delante del de los ciudadanos».

«La decisión del Tribunal Supremo es desconcertante. Cuesta entender un fallo así que pone los intereses de las entidades financieras por delante del de los ciudadanos. Su rescate lo pagamos todos y aún no han devuelto nada», ha indicado Díaz en una publicación de Twitter.

PP

El portavoz de Economía del PP en el Senado y portavoz adjunto, José Manuel Barreiro, ha valorado hoy que se haya acabado la «confusión». 
En declaraciones en los pasillos del Senado, tras conocer esta sentencia, Barreiro ha señalado que «de alguna forma resuelve la situación de confusión» que se había generado al haber dos pronunciamientos del Supremo sobre un mismo asunto, pero más allá de esto «no cabe ningún tipo de valoración ni de posición».

Barreiro ha dicho que las decisiones de la Justicia hay que «respetarlas y acatarlas» y ha lamentado que se hubiese producido los pasados días «un período, aunque fuese corto, que generase una cierta incertidumbre» sobre el pago de este impuesto vinculado a la firma de una hipoteca.

Por su parte el presidente del PPC, Xavier García Albiol, considera que la decisión del Tribunal Supremo es «un grave error de consecuencias sociales imprevisibles».

El Supremo ha acordado hoy que sea el cliente quien abone el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) vinculado a la firma de una hipoteca, con lo que da un paso atrás en la reciente doctrina, dictada hace tres semanas, que imponía a la banca el pago de este gravamen.

A través de Twitter, Albiol ha sido uno de los primeros políticos en reaccionar a la decisión del Supremo, con la que se ha mostrado muy crítico: «La decisión del Tribunal Supremo que sea el cliente quien pague los impuestos de las hipoteca, corrigiéndose a sí mismo, creo que es un grave error de consecuencias sociales imprevisibles».

Tras dos días de deliberaciones, el pleno de la sala de lo contencioso administrativo ha decidido, por 15 votos contra 13, rechazar los recursos planteados y recuperar la doctrina anterior a la sentencia del 18 de octubre, de modo que sea el hipotecado el que asuma la tasa.

IU y Podemos

El coordinador federal de IU y diputado de Unidos Podemos, Alberto Garzón, ha calificado de «indignante» y «lamentable» la sentencia del Tribunal Supremo sobre las hipotecas y ha acusado a la banca de «chantajear» al Poder Judicial.

En su cuenta de Twitter, se ha referido a la decisión del TS de que sea el cliente quien abone el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) vinculado a la firma de una hipoteca, con lo que da un paso atrás en la reciente doctrina, dictada hace tres semanas, que imponía a la banca el pago de este gravamen.

«¡Qué bien le sale a la banca chantajear al poder judicial! ¡Qué bien relacionados algunos jueces del Supremo, que hacen de todo menos justicia! Indignante, lamentable, un despropósito impropio de una democracia: el Supremo decide que pagan los clientes», ha escrito.

A continuación ha sostenido en otro tuit que los bancos privados «son unos ladrones» y «el principal enemigo de las democracias», así como «los responsables de saquear nuestras economías».

«Hoy, la mayoría del Tribunal Supremo se sitúa de su lado, ratificando que la justicia tiene un precio y que el sistema está podrido y agotado», ha añadido.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha criticado hoy la rectificación del Tribunal Supremo y ha advertido de que «o se acometen reformas serias, o pronto no quedará nadie que crea en la justicia española».

El Tribunal Supremo ha acordado hoy que sea el cliente quien abone el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) vinculado a la firma de una hipoteca, con lo que da un paso atrás en la reciente doctrina, dictada hace tres semanas, que imponía a la banca el pago de este gravamen.

En un tuit, la alcaldesa de Barcelona y una de las fundadoras de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha afirmado que con esta nueva decisión del TS «gana la banca».

«Una cúpula judicial fuerte con los débiles y débil con los poderosos representa una grave crisis de legitimidad democrática. O se acometen reformas serias, o pronto no quedará nadie que crea en la justicia española», ha escrito Ada Colau.

Los independentistas

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha afirmado hoy que la credibilidad de la justicia española se encuentra «aún más hundida» con la decisión del Tribunal Supremo sobre las hipotecas.

El Supremo ha acordado hoy que sea el cliente quien abone el impuesto de Actos Jurídicos Documentados vinculado a la firma de una hipoteca, con lo que da un paso atrás en la reciente doctrina, dictada hace tres semanas, que imponía a la banca el pago de este gravamen.

Desde Twitter, Torrent ha denunciado que la decisión del Supremo «hunde aún más (si es que era posible) la credibilidad del poder judicial español».

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha considerado una «suprema injusticia» la decisión del Tribunal Supremo.

ERC y PDeCAT han criticado hoy la «falta de independencia» del poder judicial ante la nueva sentencian y han señalado que pedirán la dimisión del presidente del alto tribunal, Carlos Lesmes.

La diputada de ERC Carolina Telechea ha señalado en el Congreso que la decisión del Supremo de hacer pagar al cliente este impuesto es un «claro ejemplo de que no hay separación de poderes y que la banca está por encima de todos».

«Esto no ocurre en cualquier país democrático», ha señalado tras mostrar su sorpresa por la rectificación de una sentencia del Tribunal Supremo dictada hace tres semanas y que imponía a la banca el pago de este gravamen.

En su opinión la rectificación se debe a que «alguien hizo una llamada y dijo que el poder económico iba a sufrir perjuicios, a pesar de que la banca ha sido rescatada con dinero público», al tiempo que ha confiado en que los ciudadanos puedan recurrir ante los tribunales europeos.

Telechea ha insistido en que en España «no existe justicia» y los tribunales «no son realmente imparciales» mientras la diputada del PDeCAT Lourdes Ciuró ha señalado en su cuenta de Twitter que pedirán la dimisión inmediata del presidente del Tribunal Supremo.

«Llamada. Freno de mano y rectificación. Inaudito! Constatamos que la independencia judicial es un espejismo. Ridículo del TS que exige dimisiones. Exigiremos la dimisión inmediata de Lesmes», señala en su mensaje a las redes sociales.

ERC también se ha reafirmado en su propuesta urgente de reformar el sistema judicial, especialmente la elección de los miembros de los alto tribunales.

Otras entidades

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Lucía Delgado, ha tildado hoy de «indignante» la rectificación del Tribunal Supremo, al que ha acusado de plegarse a los intereses y la «presión del lobby financiero e inmobiliario».

El Tribunal Supremo ha acordado hoy que sea el cliente quien abone el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) vinculado a la firma de una hipoteca, con lo que da un paso atrás en la reciente doctrina, dictada hace tres semanas, que imponía a la banca el pago de este gravamen.

Delgado ha considerado que este cambio de criterio en el TS es un «reflejo de que la justicia española está contaminada por los grupos de presión inmobiliarios y financieros».

«No puede ser que no se tenga en cuenta a los consumidores y por ello hay que replantear la justicia española, ya que las instituciones deberían velar por los ciudadanos y no por los grupos de presión», ha añadido la portavoz de la PAH.

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) cree que el Tribunal Supremo debe tener «razones poderosas» para «contradecir lo que dicen los jueces especialistas en derecho tributario» con su decisión sobre las hipotecas y considera que el daño hecho a la Justicia es irreparable.

«Si se hubiera gestionado bien desde el principio no se habrían generado esas expectativas en los ciudadanos, y ahora esta frustración», ha señalado a Efe el portavoz de esta asociación, Ignacio González Vega, después de que el Supremo haya acordado que sea el cliente quien abone el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) vinculado a la firma de una hipoteca.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que la justicia «se ha vuelto a poner de nuevo del lado de los más poderosos».

Para Álvarez, este nuevo cambio de criterio del Alto Tribunal genera «inquietud, incertidumbre y desconfianza de la ciudadanía en la justicia», sobre todo después de que hace unas semanas el mismo Supremo cambiase la doctrina presente hasta este momento fallando a favor de los clientes.