El PSOE suscribió hace un mes en una moción la «legitimidad democrática» de los 3/5 para el CGPJ

El pasado 30 de septiembre, el Partido Socialista registró una moción en el Senado en la que suscribía el sistema de elección de los jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mediante el sistema de los tres quintos del Congreso. El mismo que ahora pretende liquidar. La iniciativa, firmada por el portavoz socialista en esa Cámara, Ander Gil, y el senador José María  Oleaga, se debatió el pasado 6 de octubre, pocos días después de que Pedro Sánchez admitiese que el Gobierno estudiaba cómo sortear el veto del PP a la renovación del máximo órgano de los jueces. El pasado 13 de octubre, PSOE y Podemos presentaron finalmente en el Congreso su reforma unilateral, que se salta los controles y suprime las mayorías ahora necesarias para designar a los vocales del CGPJ, pasando de una mayoría de tres quintos a la absoluta.

Apenas unos días antes de que el Ejecutivo de coalición registrase esa cuestionada reforma, el PSOE firmaba en el Senado una moción en la que señalaba que «en el diseño de los mencionados órganos (Tribunal Constitucional y CGPJ), nuestro constituyente (…) exigió, para poder ser elegido, la concurrencia en los candidatos de un alto nivel técnico. Finalmente, excluyendo su elección directa por los ciudadanos, decidió que su designación extrajera la necesaria legitimidad democrática de la intervención en la misma del Congreso y el Senado». Y, para ello, como señala la Constitución, «requiriendo mayorías muy reforzadas que sólo se consiguen mediante acuerdos y consensos amplios». Es decir, la mayoría de tres quintos establecida en la Carta Magna.

El PSOE buscaba con esta iniciativa presionar al PP para la renovación de estos órganos. «No caben excusas de ningún tipo a la hora de cumplir con las obligaciones que la Constitución impone a cada una de las instituciones, y la obligación de las Cortes es proceder al nombramiento de los miembros de aquellos órganos que, al igual que el Parlamento, forman parte de la estructura básica de nuestro sistema democrático», aseveraban quienes, ahora, pretenden romper las mayorías precisamente establecidas por la Constitución para el CGPJ.

La iniciativa del Ejecutivo socialcomunista plantea serias dudas de constitucionalidad porque, si bien la Carta Magna se remite a la Ley Orgánica del Poder Judicial para el sistema de designación de los vocales pertenecientes a la carrera judicial, sí determina que la elección de los ocho que corresponden a propuesta de Congreso y Senado «entre abogados y otros juristas de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio» se hará por «mayoría de tres quintos» de los miembros de estas Cámaras.

Durante el debate en el Senado, socialista José María Oleaga defendió que «los órganos constitucionales son órganos democráticos cuyos miembros tienen que ser renovados, tal y como señala la Constitución, precisamente, sobre la base de las mayorías de las Cámaras». El parlamentario criticó que se mantuviese «ilegítimamente unas mayorías que ya han fenecido».

«Caballo de Troya»

El Partido Popular presentó una enmienda a esta moción en la que defendía que los vocales fuesen elegidos directamente por jueces y magistrados, «fortaleciéndose así la independencia del órgano de gobierno de los jueces».

El senador ‘popular’ Fernando de Rosa criticó la presencia de Podemos en el proceso, al que definió como un potencial «caballo de Troya de los dinamitadores del Poder Judicial para que comience la purga de jueces y magistrados como ha pasado en la Fiscalía».

Ahora, el Gobierno sigue adelante con su reforma para liquidar las mayorías constitucionales.

Desde el Ejecutivo se justificó este martes que la propuesta permitirá superar el «bloqueo» del PP y alegó que «es responsabilidad del Gobierno y del legislativo impulsar las medidas correspondientes para dar vía libre a la renovación» del CGPJ.

Pablo Casado no accederá a negociar con Pedro Sánchez si no retira esa reforma y acepta su propuesta de que los jueces sean elegidos por los jueces, como ocurría hasta 1985. Tampoco se sentará con el presidente socialista si Podemos participa en el proceso de renovación.

El líder del PP ve «inasumible» que un partido imputado por financiación ilegal y que ataca al Rey y a los propios jueces participe en las conversaciones. Casado avisó esta semana del «interés personal» de Iglesias en la reforma. El vicepresidente está pendiente de que el Tribunal Supremo decida sobre su imputación por tres delitos en el caso Dina-Iglesias.