El PSOE evita apoyar una declaración institucional del PP para condenar el acoso al niño de Canet

El Gobierno se ha mantenido de perfil ante el linchamiento sufrido por un niño de Canet de Mar (Barcelona) y sus padres tras lograr que la Justicia reconozca su derecho a recibir el 25% de las clases en español. Pedro Sánchez rechazó condenarlo en una de sus intervenciones parlamentarias, en la que llegó incluso a acusar a la oposición de «politizar la lengua» alineándose así con sus socios independentistas. Y el Partido Socialista ha evitado responder a la propuesta de declaración institucional registrada por el Grupo Parlamentario Popular para condenar esos hechos. Para que una declaración institucional prospere debe contar con la unanimidad de los grupos parlamentarios.

La semana pasada, los populares presentaron una declaración institucional para apoyar a la familia acosada por los separatistas y exigir el respeto a las sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que avalan la enseñanza en español. En dicha iniciativa, el PP recordaba que la Generalitat ha considerado las sentencias judiciales como «un grave ataque a los fundamentos del modelo de escuela catalana», animando a los responsables de centros educativos a «seguir trabajando como hasta ahora» y «exhortándoles a incumplir una sentencia judicial firme y a vulnerar la ley».

«La Generalitat de Cataluña ha instado a la dirección de este centro escolar al desacato y la desobediencia, señalando a la familia como el problema y permitiendo una campaña intolerable de acoso, señalamiento y violencia moral contra ella», proseguía el texto, denunciando un auténtico «apartheid lingüístico».

La iniciativa, que fue adelantada por Pablo Casado, instaba al Congreso a «manifestar su más enérgica condena contra el acoso y las amenazas infligidas a un niño de cinco años y a su familia en Canet de Mar (Barcelona) por defender el derecho del menor a recibir al menos el 25% de horas lectivas en castellano, como lengua oficial del Estado, conforme a la Constitución española y las sentencias judiciales reconocen a todos los españoles».

Además, se trasladaba «de forma unánime» el «apoyo y solidaridad» a la familia de Canet, reafirmando el «compromiso con la igualdad efectiva y real de los españoles en el ejercicio de sus derechos y libertades y, en particular, con la garantía del derecho de todos los alumnos a la utilización del castellano como lengua vehicular del sistema educativo en Cataluña, en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25%».

En otro de los puntos, se urgía al Gobierno «a requerir a la Generalitat de Cataluña tanto al cumplimiento de la ley y de las sentencias judiciales, como a la protección de la igualdad de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y libertades».

«En caso de ser necesario, le insta a ejercer la potestad que la Constitución española y las leyes le otorgan para adoptar las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a la obligación de preservar el derecho a la utilización del castellano como lengua vehicular en el sistema educativo en Cataluña», concluía la iniciativa, que no ha tenido respuesta por parte de los socialistas.

Sánchez evita condenar

La semana pasada, a preguntas de la oposición Sánchez evitó condenar en el Congreso el acoso separatista al niño de Canet de Mar y su familia. Sánchez se defendió de las críticas acusando a los grupos de «politizar la lengua». En su intervención, Casado había arremetido contra Sánchez por «abandonar» y dejar «desamparados» a los alumnos que reclaman recibir el 25% en español.

«¿Qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad?», le espetó a Sánchez usando una frase que luego fue muy comentada, pero que imitaba a la utilizada en el pasado por el propio Sánchez para cargar contra Mariano Rajoy.