Crisis del coronavirus

Moncloa elude 38 preguntas de la oposición previas a la alarma sobre su gestión ante el coronavirus

La Mesa del Congreso suspendió la semana pasada los plazos para que el Gobierno responda a estas iniciativas

Golpe bolivariano: PSOE y Podemos bloquean el Parlamento para silenciar a la oposición

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Salvador Illa Madrid
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Segundo Sanz

La mordaza que PSOE y Podemos han establecido sobre la función de control al Gobierno de Pedro Sánchez por parte de la oposición afecta al menos a 38 preguntas parlamentarias previas al estado de alarma sobre la gestión del Ejecutivo ante esta crisis del coronavirus.

Son preguntas escritas registradas por PP, Vox y Ciudadanos, calificadas ya por la Mesa del Congreso, que exigen al Gobierno la rendición de cuentas sobre aspectos sensibles de su gestión como la prevención en residencias de mayores, la compra de material de protección para los sanitarios, los test de diagnóstico o los controles aeroportuarios.

La Mesa del Congreso de los Diputados, controlada por PSOE y Podemos, acordó la pasada semana «suspender desde el día 19 de marzo el cómputo de los plazos reglamentarios que afectan a las iniciativas que se encuentren en tramitación en la Cámara hasta que la Mesa levante la suspensión». Una polémica decisión cuestionada por la oposición, que denunció este «golpe institucional» perpetrado para silenciar a la oposición.

Así, según parlamentarias consultadas por OKDIARIO, el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene sin contestar preguntas que fueron registradas a principios de febrero. Por ejemplo, una de ellas con la firma del portavoz de Vox en la Comisión de Sanidad, el hematólogo Juan Luis Steegmann, exigió al Ejecutivo que explicara «por qué el Ministerio de Sanidad, en la versión actualizada del procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (2019-nCoV), no ha adoptado las recomendaciones establecidas por la OMS».

También otra pregunta de Vox formulada por Steegmann, requirió al Gobierno socialcomunista las «medidas previstas para asegurar la disponibilidad de test de diagnóstico de coronavirus SARS-CoV-2». En este caso, el Gobierno tenía hasta el próximo 4 de abril para responder, pero tras la mordaza acordada por la Mesa que preside la socialista Meritxell Batet, el plazo ha quedado interrumpido y esta pregunta no será contestada en tiempo. El Gobierno ha ampliado la alarma hasta el próximo 11 de abril.

Por su parte, el PP preguntó al Gobierno, entre otras cuestiones, por las «previsiones acerca de realizar una compra centralizada de los equipos y los recursos materiales necesarios para garantizar un abordaje asistencial adecuado del coronavirus en toda España». En cuanto a Ciudadanos, la formación naranja solicitó al Gobierno que detallara las medidas adoptadas para «prevenir la propagación del coronavirus en centros residenciales para personas mayores, así como los planes de contingencia ante casos de contagio en dichos centros».

Con retraso

Todas estas preguntas —incluida tres sobre RTVE— siguen sin respuesta por parte del Ejecutivo, que alega estar centrado en hacer frente a la epidemia. Y hay algunas que acumulan retraso puesto que el Gobierno ha incumplido ya los primeros 20 días de los que dispone para responderlas. Transcurrido este plazo, según el Reglamento de la Cámara, puede ampliarse otros 20 días más por petición motivada del Gobierno y si así lo acuerda la Mesa del Congreso.

Ya en el supuesto de que el Gobierno incumpla también esta prórroga, la presidenta del Congreso, a petición del autor de la pregunta, ordenará que se incluya en el orden del día de la siguiente Comisión de turno (aquí sería Sanidad…), donde se formulará como pregunta oral al compareciente. No obstante, los plazos han quedado suspendidos por el acuerdo que adoptó la Mesa del Congreso la pasada semana.

Vox, que pidió este lunes ayuda a la Unión Interparlamentaria (UIP), piensa llevar esta decisión al Tribunal Constitucional para exigir su suspensión cautelar, ya que considera que va «en contra de lo que dispone el artículo 1.4 de la Ley orgánica 4/1981, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio», según la cual «la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado».

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