La propuesta de ley del PP sobre terrorismo evitará que caduque cualquier delito de ETA

La proposición de ley sobre terrorismo presentada este sábado por el presidente del PP, Pablo Casado, evitaría la prescripción de los delitos de terrorismo, aunque no hayan causado muertes.

En la actualidad, y tras la reforma del Código Penal en 2010, ya son imprescriptibles los delitos de terrorismo que provoquen la muerte de una persona. Sin embargo, esa prescripción sí opera en el caso de otros delitos, como los actos terroristas que no sean asesinato, la pertenencia a organización criminal o el adoctrinamiento etarra o yihadista.

En su intervención, desde la Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco, en Vitoria, Casado ha destacado que la derrota de ETA arrancó hace 22 años, con el asesinato del concejal de Ermua.

No obstante, el líder del PP ha advertido de que «todavía es necesario escribir su relato de derrota, así como la victoria de las víctimas y de todos los demócratas». En este sentido, ha rechazado que quienes han hecho posible la derrota de ETA sean «terroristas blanqueados o cómplices políticos de la banda disfrazados de ‘artesanos de la paz».

La no prescripción, según esta proposición, afectará a otros delitos de terrorismo, como pertenencia a organización criminal o adoctrinamiento.

Son los contenidos en los artículos 572 a 577 del Código Penal. Entre estos figura, además, la «comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, de falsedad documental, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías», cuando tenga como finalidad subvertir el orden constitucional o desestabilizar las instituciones políticas, alterar la paz pública o provocar terror en la población.

También se incluye el depósito de armas o municiones, o su fabricación. O el adiestramiento militar o de combate, por ejemplo, a través de Internet, con la finalidad de cometer un acto terrorista. Además, las penas impuestas por delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado no prescribirán en ningún caso.

La iniciativa también pretende castigar el enaltecimiento «o la justificación pública» de los actos de exaltación etarra.

«Las víctimas del terrorismo constituyen una referencia ética para nuestro sistema democrático y los poderes públicos garantizarán que sean tratadas con respeto a sus derechos y para asegurar la tutela efectiva de su dignidad», se lee en el texto de los ‘populares’.

«En este sentido, es incompatible el apoyo o la justificación del terrorismo con la participación democrática en los distintos ámbitos de representación», añade.

La propuesta defiende que «el respeto a la justicia como exigencia básica del Estado de Derecho garantiza que los poderes públicos impidan que se produzcan situaciones injustas o de desamparo hacia las víctimas, trabajando para impedir la impunidad de los crímenes terroristas en cualquiera de sus manifestaciones y velando para que los terroristas cumplan íntegramente sus penas».