Independentismo en Cataluña

Los presos del 1-O aprovecharán la semilibertad para hacer campaña electoral con ERC y JxCAT

Junqueras da por hecha la amnistía y exige la autodeterminación a cambio del apoyo a Sánchez
Pedro Sánchez y Oriol Junqueras.
Joan Guirado

Los líderes separatistas encarcelados por el referéndum ilegal del 1 de octubre serán uno de los grandes reclamos electorales de Junts per Catalunya y ERC. Ocho de los nueve reos, con excepción de Jordi Cuixart que nunca se ha significado por ningún partido, serán los grandes protagonistas en las elecciones anticipadas que Quim Torra tiene previsto convocar en las próximas semanas. Junts y ERC usarán a los condenados, ahora en tercer grado de semilibertad, para sus actos de campaña. Hasta ahora, los presos del 1-O sólo habían podido participar en los mítines en forma de grabaciones sonoras.

De esta forma, aunque por sentencia firme del Tribunal Supremo no pueden ser candidatos elegibles, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Jordi Sánchez se involucrarán directamente en la carrera hacía la Presidencia de la Generalitat. Todos ellos sólo tienen que acudir a dormir a la prisión de domingo a jueves. Durante el día, entre semana, pueden ir a trabajar o a hacer voluntariado y el fin de semana lo tienen completamente libre.

Según fuentes de ambos partidos, consultadas por OKDIARIO, sería entre los jueves y los domingos, cuando no tienen que pasar por el centro penitenciario, cuando los políticos encarcelados tendrían más agenda política. Todos ellos han respondido afirmativamente a ser activos de la campaña electoral de unos comicios que, tal como avanzó este periódico la semana pasada, Torra tiene previsto celebrar entre el 1 de octubre y el 4 de octubre.

Ni Junqueras, ni Romeva, ni Bassa, ni Forcadell, ni Turull, ni Rull, ni Forn ni Sánchez han mostrado arrepentimiento alguno por lo que hicieron en octubre del 2017. Eso, a la hora de la concesión de permisos, como el tercer grado que les ha otorgado la Generalitat, puede suponer un problema importante. El Tribunal Supremo tendrá que decidir ahora si les mantiene ese tercer grado o se lo revoca. De momento la Fiscalía ya se ha opuesto a que puedan gozar del régimen de semilibertad tan solo nueve meses después de ser condenados.

Con la participación en la campaña electoral, además de la falta de arrepentimiento, los presos del 1-O podrían estar incurriendo en una reiteración delictiva si sus mensajes electorales se dirigen a lograr la ‘república catalana’ o la celebración de otro referéndum, como promueven tanto Junts per Catalunya como ERC. Si así lo entienden los tribunales podrían revocar de forma inminente el tercer grado concedido por la Generalitat en las últimas semanas.

De hecho el Tribunal Supremo tiene que pronunciarse, seguramente ya en septiembre, si avala o no la concesión del tercer grado o lo rechaza como le pide la Fiscalía. Los políticos fueron condenados hace sólo nueve meses y eso podría dificultar el aval a la medida adoptada por las juntas de tratamiento de las distintas cárceles y ratificado por la Consejería de Justicia de la Generalitat.

La Fiscalía cree que no procede esa semilibertad. Anteriormente, cuando el Govern les otorgó el 100.2 para salir a trabajar o hacer voluntariado, la Fiscalía también expresó su rechazo y los jueces finalmente dieron luz verde a la medida.

La decisión sobre si mantienen o no las condiciones actuales o sobre si deben volver a ingresar en prisión en segundo grado, se hará pública al mismo tiempo que el Supremo decidirá también si el president de la Generalitat, Quim Torra, debe ser inhabilitado o no. El jefe del Ejecutivo regional recurrió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le condenó por desobedecer las ordenes de la Junta Electoral Central manteniendo en el balcón del Palau una pancarta de apoyo a los presos.

Poco optimistas

En el entorno de los nueve políticos presos hay poco optimistas con la decisión que debe tomar el Tribunal Supremo. Creen que «nos harán volver a la cárcel» ya que, en su opinión, «su voluntad es castigarnos lo máximo posible». Los reos consideran que «cumplimos todos los requisitos para gozar del tercer grado» aunque reconocen que «la Fiscalía y la sala segunda harán todo lo posible para revocarlo y que no podamos salir de la prisión hasta que hayamos cumplido una gran parte de la condena».

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