El PP pide que se sancionen las denuncias falsas de los partidos contra sus adversarios políticos
El PP quiere abrir el debate sobre la protección de los cargos políticos en los casos judiciales
Lamenta que la Justicia admita a trámite querellas "debido a la verosimilitud de los hechos"
El Partido Popular quiere abrir el debate sobre la protección de los cargos políticos en los casos judiciales, frecuentemente utilizados como arma de los adversarios políticos, y qué hacer en el caso de que esos cargos resulten finalmente desimputados.
Los ‘populares’ han presentado una iniciativa en el Congreso en la que instan a «impulsar medidas que garanticen el derecho a la presunción de inocencia y a la celebración de un juicio justo de todos los españoles», así como a establecer mecanismos «que castiguen la denuncia falsa, la persecución del adversario político por la vía penal y que garanticen que la exigencia de responsabilidades políticas por parte del que denuncia cuando queda demostrada la inocencia.»
En la iniciativa de los ‘populares’ subyacen ejemplos recientes, como el de Pilar Barreriro, senadora que pasó al Grupo Mixto después de que fuese imputada en el caso Púnica y Ciudadanos exigiese al PP su renuncia para negociar los Presupuestos. La pasada semana, la juez archivó su causa.
«En todos los Estados democráticos, la presunción de inocencia es uno de los pilares básicos de su sistema penal», argumentan desde el PP.
«Contra adversarios políticos»
En su iniciativa, los ‘populares’ recuerdan además que «hay quien desde determinados partidos políticos redacta, presenta, alienta o impulsa querellas por la vía penal contra adversarios políticos, poniendo en cuestión no sólo la legalidad de determinados actos administrativos, sino afirmando en un documento judicial el carácter delictivo de determinados hechos».
«La justicia española admite a trámite muchas de estas querellas debido a la verosimilitud de los hechos descritos y a la gravedad de las acusaciones que en la mayoría de los casos tienen que ver con delitos de prevaricación, malversación, fraude o infidelidad en la custodia de documentos», añaden.
Después, y «una vez que la justicia admita a trámite la querella, el denunciante o impulsor político de la misma exige de forma frecuente y pública la dimisión del cargo público denunciado, como si la inocencia dejara de presumirse sobre una persona cuando a esta le asiste la garantía procesal de acudir acompañado de un abogado para defenderse de una denuncia en la que se le acusa de la comisión de determinados delitos».
«Anticipar la culpabilidad de una persona sometida a investigación o juicio podría constituir un atentado contra su honor», afirma el PP
«Esta petición de dimisión suele venir acompañada por una supuesta asunción de responsabilidades políticas que quedarían saldadas a través del abandono del cargo público. Nada se dice, sin embargo, sobre las responsabilidades políticas que recaerían sobre el denunciante y peticionario de dimisión en caso de archivo o sobreseimiento de las acusaciones por la justicia cuando estas se demuestran falsas. Muchas de estas querellas son finalmente archivadas en fase de instrucción, e incluso tras la celebración del juicio oral sin que sobre el denunciante recaiga sanción o responsabilidad alguna».
«Anticipar la culpabilidad de una persona sometida a investigación o juicio podría constituir un atentado contra su honor», añade la proposición no de ley, registrada en el Congreso.
En la misma, se recuerda además que el Tribunal Supremo, en sentencia, determinó que «quien lo sufre» no está obligado a que se le «convierta anticipadamente en culpable» y cuenta «con procedimientos jurídicos de protección del honor y la propia intimidad que podrían, en su caso, restañar el daño causado».
Sin embargo, dicen desde el PP, esa reparación es ‘a posteriori’ del archivo de la causa, y no durante el proceso penal, algo sobre lo que consideran debería legislarse.
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