El PP exige explicaciones al Gobierno por los recortes de las pensiones de más de 2.000 funcionarios

El PP ha tomado cartas en el primero del recorte de pensiones programado por el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias: el que afecta a más de 2.000 funcionarios, principalmente del Ministerio de Justicia, al que la Seguridad Social no quiere reconocer años de cotización como interinos. El PP ha exigido ya explicaciones al Gobierno por medio de una petición escrita en el Congreso de los Diputados.

El Gobierno acaba de emprender un recorte en las pensiones a más de 2.000 funcionarios y lo ha hecho por medio de un cambio de criterio en el reconocimiento de las cotizaciones, tal y como ha adelantado OKDIARIO. Este diario, además, ha accedido a los correos de algunos de los afectados en el área de Justicia que han solicitado la confirmación de la rebaja a la Seguridad Social. Y este organismo, efectivamente, ha remitido la simulación del recorte a los funcionarios perjudicados: una rebaja de más de 200 euros al mes en pensiones bajas. La cuantía, evidentemente, crece en pensiones superiores y puede llegar al 20% de la prestación.

El PP ha pedido una explicación urgente al Gobierno para que aclare el soporte legal de esta medida y para que frene en su actuación.
Varios diputados ‘populares’ han depositado la petición, donde señalan que «los efectos del cambio de gestión del régimen de clases pasivas que, desde el 6 de octubre, se ha encomendado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones abandonando su tradicional encuadre dentro de la Dirección General de Costes del Ministerio de Hacienda, se está ya dejando sentir en forma de recortes de las pensiones para los nuevos jubilados».

El texto presentado por el PP confirma, punto por punto, la noticia de OKDIARIO, y aclara que «hasta el 6 de octubre, los funcionarios de Justicia que se jubilaban por el régimen de clases pasivas veían reconocidos los periodos trabajados y no cotizados anteriores al año 1990 con el reconocimiento de servicios prestados recogido en el Anexo I del Real decreto 1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas de aplicación de la ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la administración pública».

La pregunta prosigue y añade que «desde esa fecha son varios los funcionarios que, tras solicitar el cálculo anticipado de su pensión, el Ministerio de Seguridad Social les advierte que ese Anexo I no tiene validez para el cálculo de su pensión».

Un paso atrás

El cambio de criterio, como señalan desde el PP, supone un paso atrás en el cumplimiento del punto séptimo del acuerdo de 18 de diciembre de 2015 firmado entre el Ministerio y cuatro organizaciones sindicales de la Administración de Justicia que sigue sin cumplirse en su integridad. «No obstante, lo más grave es que los funcionarios afectados ven retrasada la edad de su jubilación y mermada su pensión por ese cambio de criterio», concluye el PP.

Las preguntas son claras:
«¿Por qué la transferencia en la gestión de clases pasivas al Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones ha supuesto un cambio en la interpretación de los años de servicio prestados en la Administración (criterio en el ámbito administrativo) por  años cotizados (criterio absolutamente del ámbito de las relaciones laborales ) para el cómputo de los años a tener en cuenta y necesarios para poder acceder a la jubilación (sin merma alguna) a partir de los 60 años de edad?».

«¿Cree el Ministerio de Seguridad Social, citado, que contribuye a dar seguridad jurídica a estos funcionarios de Justicia?». «Si tan sólo ha supuesto una transferencia en la gestión de clase pasiva al INSS, como mantiene el ministro Sr. Escrivá, ¿por qué han modificado y conculcado de forma sustancial los derechos adquiridos de los funcionarios de Justicia al no computarles estos años para el anticipo de la edad de jubilación?».

El hecho es grave. El Gobierno ha recortado la pensión a más de 2.000 funcionarios y lo ha hecho por medio de un cambio de criterio en el reconocimiento de las cotizaciones. OKDIARIO ha accedido a los correos de algunos de los afectados en el área de Justicia que han solicitado la confirmación de la rebaja a la Seguridad Social. Y este organismo, efectivamente, ha confirmado una rebaja de más de 200 euros al mes en pensiones bajas.

El correo electrónico al que ha tenido acceso este diario y que ya ha publicado explica la situación con el siguiente texto: “Hemos realizado 4 cálculos, los dos primeros sin tener en cuenta el periodo contenido entre el 24/11/1986 y 16/08/1990, ya que no figuran en su vida laboral cotizados a la Seguridad Social y con el certificado facilitado, no se tiene la certeza de que se cotizaran a clases pasivas”.

Efectivamente, y como ya ha publicado este diario, el cambio se ha producido gracias al traspaso a la Seguridad Social de la gestión de las prestaciones de los funcionarios inmersos en las denominadas clases pasivas. Una decisión decretada por Pedro Sánchez en plena pandemia y que el sindicato CSIF ya alertó de que traería duras consecuencias negativas para los funcionarios afectados.

La clave del nuevo golpe a las jubilaciones realizado por la Seguridad Social se basa en que este organismo ha cambiado el criterio y no ha computado, a efectos de cotización, los años de ocupación interina de los puestos de trabajo de la Administración de Justicia.

Los cálculos de la Seguridad Social

El cálculo de la Seguridad Social remitido a una de las funcionarias afectadas es rotundo y severo: más de 200 euros. El cálculo se realiza con dos fechas potenciales de jubilación: el 1/04/2021: 1.253,54 € de pensión mensual; y con jubilación al 1/04/2022: 1.320,04 € de pensión mensual.

Pero la Seguridad Social ha incorporado el cálculo con los años de cotización que el recorte de Sánchez ha negado, con lo que se puede observar a la perfección la magnitud del golpe a los funcionarios afectados: con las mismas fechas de jubilación, las cuantías mensuales de la pensión se elevan hasta los 1.464,23 € y 1.544,60 €. Traducido: el recorte supone en el primer caso que los perjudicados pierden más de 200 euros al mes en pensiones nada elevadas. En concreto, y en el caso al que ha tenido acceso OKDIARIO, la pérdida es de 210,69 euros al mes o de 224,56 € al mes, dependiendo de la fecha de jubilación.

El sindicato CSIF ha exigido ya una reunión urgente a los ministros de Seguridad Social y Justicia para anular la decisión y devolver las prestaciones a la situación debida y pactada en el año 2015.