Ponen en libertad a dos presuntos yihadistas tras ordenar el Supremo repetir el juicio

La Audiencia Nacional ha ordenado dejar en libertad a los dos invíduos acusados de delitos de terrorismo y pertenencia a banda armada. Fueron detenidos en Ceuta y condenados a 17 años de cárcel por la propia Audiencia, aunque el Supremo revocó las penas y ordenó redactar de de nuevo la sentencia. Estarán libres hasta que el nuevo fallo esté listo.

La Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión en dos autos -uno para acusado- en los que considera que no «resulta imprescindible la medida cautelar de privación de libertad», situación en la que se encontraban hasta ahora. Mientras no haya un nuevo fallo permanecerán fuera de prisión, aunque en libertad vigilada

En este sentido se les han impuesto otras medidas cautelares como designar domicilio y comunicar cualquier cambio del mismo. Además deberán comparecer semanalmente en la Audiencia Nacional o en el tribunal o Juzgado más cercano a su domicilio, les obliga a entregar el pasaporte y a comunicar los teléfonos en los que localizarles. Mientras dure su libertad tiene terminantemente prohibida su salida del territorio nacional.

Los dos acusados -Abdelilah Chellaf Baali, alias Stilike, de 37 años y nacido en Marruecos, e Icham Abdeselam Mohamed, de 36 años y nacido en Ceuta- han sido juzgados esta semana ante un tribunal de la Audiencia Nacional distinto al que dictó la sentencia revocada.

La Fiscalía solicitó durante la vista de este miércoles 24 años de prisión para ambos acusados,  en el nuevo juicio que se ha iniciado después de que el Tribunal Supremo anulara sus condenas a 17 años de cárcel.

El fiscal solicitó para cada uno de ellos 17 años de cárcel por integración en organización terrorista y depósito de armas de guerra con fines terroristas, a lo que ha añadió una solicitud de 7 años por autoadoctrinamiento terrorista.

En la sentencia anulada, la Audiencia les condebana a 17 años de cárcel al entender que desde 2011 y hasta su detención en 2017 formaban parte de un grupo que se reunía «en la más estricta confidencialidad» en la zona de Arcos Quebrados, en el barrio ceutí de El Príncipe. Allí, presuntamente discutían temas «de la yihad islámica», «ensalzaban atentados suicidas del Dáesh» e «incitaban a cometer actos similares».

Para condenarlos, el tribunal dio credibilidad al testimonio de un testigo protegido que dijo que conocía a los condenados porque durante un tiempo se dedicaron al tráfico de drogas y que manifestó que en las reuniones se habló de hacer «algo en Ceuta» por los «hermanos», además de revelar que poseían armas de guerra -un fusil de asalto con munición y dos machetes-.

El Supremo revocó la condena con el argumento de que la Sala que juzgó a los dos acusados estableció, sin la motivación exigible, la protección máxima al testigo de cargo, que declaró en la vista mediante videoconferencia, sin ser visualizado y con la voz distorsionada.

Para la Fiscalía, ambos suponen «un peligro real», cuya detención en 2017 por parte de la Guardia Civil «evitó un atentado» y señaló que el testimonio del testigo protegido «no es la única prueba» y que, aún así, «una persona capaz de arriesgar la vida merece credibilidad».

Durante la nueva vista, el testigo, que ha declarado sin ser visto y con la voz distorsionada, ha explicado que no tiene enemistad con los acusados y que presenció las reuniones en las que «veían vídeos de lo que hacían sus hermanos» y vio las armas que después fueron encontradas.

Además, relató que sabía dónde estaban escondidas las armas porque una madrugada, mientras se encontraba dentro de su coche aparcado en un mirador, vio a dos personas, una de las cuales «parecía ser» Icham enterrando «un bulto con forma de escopeta».