Podemos quiere ir más allá en el golpe judicial: que Cataluña pueda elegir a los jueces del CGPJ

Mientras se discute la reforma unilateral de PSOE y Podemos a la fórmula de designación de los jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los planes de Pablo Iglesias pasan por otorgar una influencia clara de la Generalitat separatista en el máximo órgano de los jueces.

Así se refleja en una proposición no de ley registrada el año pasado en el Congreso, en el que la formación del ahora vicepresidente plantea cumplir con la ambición, recogida en el Estatut catalán, de designar a vocales del CGPJ. En la iniciativa se instaba al Ejecutivo a dar forma a la participación autonómica en las instituciones y organismos estatales.

Podemos centra su argumentación especialmente en el caso catalán, recordando que el Estatut establece una participación de la Generalitat en un «doble ámbito» y en primer lugar, «en los procesos de designación de magistrados del Tribunal Constitucional y de miembros del Consejo General del Poder Judicial, en los términos que establezcan las leyes o, en su caso, del ordenamiento parlamentario». También se extiende esa participación a «la designación de miembros de los organismos económicos y sociales».

«Si el Estado es el competente para adoptar la legislación reguladora de estas instituciones y organismos, será el Estado quien, respetando el marco constitucional, podrá decidir las modalidades participativas correspondientes, extendiéndolas al conjunto de las comunidades autónomas, si lo estima oportuno», destaca el partido.

Podemos insiste en que el Estatuto «que contiene previsiones más amplias en este ámbito es el de Cataluña, que basa su participación en las instituciones y organismos del Estado en la afirmación de una facultad general de participación de la comunidad autónoma respecto de las instituciones, organismos y procedimientos de toma de decisiones del Estado que afecten a sus competencias». El Estatuto catalán cita entre estos organismos, además del CGPJ, otros como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social, la Agencia Tributaria, la Comisión Nacional de Energía, la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Radio y Televisión Española.

Para Podemos, «la participación de las comunidades autónomas en las instituciones estatales es un elemento esencial para la articulación eficaz de las diversas instancias de gobierno en el sí de un Estado políticamente descentralizado».

«Si la Constitución reconoce el principio autonómico como elemento estructurador del Estado y configura las comunidades autónomas como entes territoriales dotados de autonomía política» y «crea un Consejo General del Poder Judicial con la facultad de nombrar a los jueces y magistrados integrantes de los Tribunales encargados de controlar la actuación de los poderes autonómicos y de aplicar su derecho deviene plenamente coherente con este sistema constitucional que las comunidades autónomas puedan intervenir en los procesos de designación de los miembros de estos órganos», concluye el partido de Iglesias.

Justicia propia

La idea sobrevuela en las ambiciones separatistas de controlar la Justicia. La ambición independentista va, no obstante, un paso más allá, que es disponer de un Consejo Judicial propio.

Por una u otra vía, más o menos sutil, Pedro Sánchez ha alimentado también esa pretensión. La propia Declaración de Barcelona, suscrita con el PSC y que sirve como guía de las cesiones al separatismo, ya recoge explícitamente, entre uno de sus puntos, «la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorporando las previsiones sobre el Consejo de Justicia de Cataluña y configurándolo como una instancia desconcentrada del propio Consejo General del Poder Judicial.

Los socialistas se comprometieron además a rescatar partes del Estatut declaradas inconstitucionales. El Tribunal Constitucional suprimió, por ejemplo, la alusión a este Consejo de Justicia como «órgano de gobierno del Poder Judicial en Cataluña», actuando como «órgano desconcentrado» del CGPJ. Según la sentencia, el Estatut incurría en un «evidente exceso» al crear este órgano, avisando a su vez que el Poder Judicial «no puede tener más órgano de gobierno» que el CGPJ.

Recuperar ese órgano fue una de las reclamaciones que el ahora inhabilitado Quim Torra trasladó a Pedro Sánchez cuando ambos reactivaron la negociación ‘de tú a tú’ entre el Gobierno y la Generalitat.