Iglesias sólo ofrece a las residencias un plan elaborado cuando el riesgo de contagio era la mitad

El único plan de Pablo Iglesias para afrontar la crisis de rebrotes en las residencias es un escueto protocolo elaborado hace un mes, cuando el riesgo de contagio era la mitad que el actual.

El dossier es sólo un compendio de indicaciones genéricas para abordar la situación de la pandemia en estos centros, los más críticos dada la vulnerabilidad de sus usuarios. El plan se presentó el pasado 5 de agosto, cuando los casos comenzaban a dispararse, con 1.772 nuevas infecciones diarias. La incidencia acumulada, es decir, el riesgo de contagio, era entonces de 72,23 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy, ese indicador se eleva a 173,14 casos.

En la última reunión convocada por la Vicepresidencia de Servicios Sociales con las comunidades autónomas para estudiar la evolución de la pandemia -la tercera desde que se constituyó el grupo de trabajo de residencias- Iglesias delegó la representación de su Ministerio en su ‘número dos’, Nacho Álvarez. Ni siquiera estuvieron presentes las asociaciones y patronales del sector, pese a que con insistencia reclamaron acudir a la cita. Esas peticiones, como informó OKDIARIO, fueron desoídas por el líder de Podemos. Además, las patronales señalan lo obsoleto de los protocolos que se ofrecen desde el Ministerio de Pablo Iglesias.

El informe Marco común para la aplicación del “Plan de Respuesta Temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19” en el ámbito de los centros sociales residenciales se formuló para un «escenario de control de la pandemia», según se indica, dentro de la «nueva normalidad».

El departamento de Iglesias admite que «la epidemia ha tenido un impacto especialmente grave en estos centros, en los que hay un contacto estrecho entre personas muy vulnerables», aunque su solución se limita a describir medidas genéricas para «extremar las medidas de prevención, detección y acción frente al virus».

También se destaca la importancia de la «cooperación institucional, el intercambio de información y la concertación de actuaciones desde el respeto a las competencias de las distintas administraciones».

«El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 mantienen un contacto estrecho con las organizaciones empresariales del sector, representantes de sus trabajadores y trabajadoras y organizaciones sociales del sector», se indica en el documento.

A este respecto, cabe recordar que, como reveló OKDIARIO, Iglesias rechazó hasta en cinco ocasiones reunirse con la patronal más importante del sector de la dependencia, CEAPs. Algunas de esas peticiones llegaron en plena crisis de la pandemia y fueron desoídas por el vicepresidente social.

Responsabilidad en los centros

El protocolo del Ministerio delega la responsabilidad en las comunidades autónomas e, incluso, en los propios responsables de las residencias.

Así, se destaca que «es prioritario evitar la introducción del virus en los centros» y, para ello, se insta a que «las administraciones competentes asegurarán el cumplimiento por los titulares de las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de las instalaciones, y que su actividad se desarrolle en condiciones que permitan en todo momento prevenir los riesgos de contagio».

Asimismo, se avisa que los titulares de estos centros habrán de disponer de planes de contingencia que, además, «estarán a disposición de las autoridades competentes».

Los titulares de los centros, según este plan, están obligados a «poner a disposición de residentes, trabajadores y visitantes los materiales de protección adecuados al riesgo» y «deberán contar siempre con una reserva suficiente de material para cubrir posibles contingencias», de al menos un mes.

Sobre los test, se indica que «la prevención y la detección precoz de casos requiere la realización de pruebas PCR», pero no se informa de a quién corresponde la adquisición de dichos test.

También obliga a los centros residenciales a «colaborar en la recopilación, verificación y notificación de los datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica del Covid-19 que les sean requeridos por las autoridades de salud pública».

El Gobierno determina que «la detección de un caso en un centro social residencial será indicativa de la aparición de un brote», lo que dará lugar a la cuarentena de los contactos y la búsqueda de casos. «En caso de que la situación de riesgo así lo recomiende» -que no se especifica- «podrán restringirse las visitas no profesionales al centro o las salidas de este, o el ingreso, reingreso y traslado en aquellas residencias situadas en localidades que tengan alto riesgo de contagio».

Delega en el ‘número 2’

Pablo Iglesias ha delegado la gestión de la crisis en las residencias en el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, quien se encarga de reunirse con las consejerías de servicios sociales de las comunidades autónomas, según se indica en el documento.