El nuevo código ético del Congreso obliga a Sánchez a revelar si cobró por el libro de su tesis fake

La sombra de la tesis ‘fake’ de Pedro Sánchez marcará los primeros días de actividad parlamentaria del aún presidente del Gobierno en la nueva legislatura.

Sánchez, que gane o no las elecciones volverá a ocupar un escaño en el Congreso -al que renunció en octubre de 2016- estará obligado a revelar a la Cámara si recibió alguna retribución por la publicación del libro basado en su cuestionado trabajo universitario. Esa información es clave para determinar si existió o no delito de plagio. 

El pasado febrero, el Supremo rechazó la querella presentada por VOX contra el líder socialista, en la que se apuntaba a los posibles delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias y contra la propiedad intelectual, en su tesis doctoral.

El enriquecimiento

La Sala de lo Penal del Alto Tribunal la desestimó argumentando, entre otros, que el plagio constituye un delito contra la propiedad intelectual que precisa de un propósito de enriquecimiento con la obra ajena, algo que, estimaron, no existía en este caso.

«La mayor o menor originalidad de una tesis, su valor dogmático y, en fin, lo verdaderamente innovador de su contenido, son cuestiones que han de ser evaluadas en el ámbito académico y totalmente ajenas al Derecho Penal», se exponía en la resolución, de la que fue ponente el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena. 

Nuevo código ético

Este martes entró en vigor el nuevo Código de Conducta del Congreso, al que estarán obligados los nuevos diputados.

La nueva normativa endurece el control sobre posibles conflictos de interés y, en consecuencia, obliga a los parlamentarios a ofrecer una información más detallada de sus ingresos y actividades. También con carácter retroactivo.

Así, el artículo 4 determina que, además de las declaraciones de actividades y bienes que ahora ya deben cumplimentar -aunque en muchas ocasiones sin concretar datos- el parlamentario tendrá que hacer constar «las actividades que haya desempeñado en el pasado y que le hayan proporcionado ingresos económicos precisando, en su caso, el nombre del empleados y el sector de actividad».

«Quienes adquieran la condición de diputados a partir de la próxima legislatura (los diputados) deberán formular, además, declaración de intereses económicos y presentarla en el Registro de la Cámara en el plazo que establezca la Mesa al principio de la misma», se añade. El reglamento incorpora en su anexo el nuevo modelo que habrán de rellenar los diputados.

Esa información sería determinante para determinar si Sánchez se lucró con su tesis doctoral a través de la posterior reproducción en el libro ‘La nueva diplomacia económica española’, firmado con Carlos Ocaña, ex investigador del Ministerio de Industria entonces liderado por Miguel Sebastián, y que se publicó en diciembre de 2013. Como reveló OKDIARIO, ese libro reproduce cientos de párrafos, esquemas o gráficos de forma exacta al trabajo académico del ahora jefe del Ejecutivo.

Esto podría cambiar la interpretación del Supremo, que al desestimar la querella de VOX argumentó que: «La mayor o menor originalidad de una tesis, su valor dogmático y, en fin, lo verdaderamente innovador de su contenido, son cuestiones que han de ser evaluadas en el ámbito académico y totalmente ajenas al Derecho Penal». Es decir, que al no existir una intencionalidad de lucro de Sánchez no existiría tampoco posibilidad de juzgar el plagio por vía penal.

Conflicto de interés

El nuevo Código de Conducta del Congreso presente vigilar especialmente los casos de conflicto de interés en que pudiesen incurrir los diputados.

Así, entre las novedades se crea la Oficina de Conflicto de Intereses, entre cuyas funciones podrá comprobar «la veracidad del contenido de las declaraciones».

La iniciativa de sanción corresponderá al presidente del Congreso quien, «de oficio o a petición de otro diputado», podrá «solicitar la apertura de un procedimiento para dilucidar si se ha producido una infracción del Código por parte de un miembro de la Cámara, especialmente en el caso de conflicto de intereses».

En ese caso, encomendará a la Comisión del Estatuto del Diputado la elaboración de un informe, que, en su caso y tras escuchar al diputado afectado, recomiende la sanción correspondiente. El reglamento no determina por el momento las sanciones que serían de aplicación.

Sánchez se ve afectado también en este caso por la publicación de su último libro, ‘Manual de resistencia’, por el que cobra derechos de autor y del que también tendrá que informar.

El Código de los diputados advierte de que «existirá conflicto de interés cuando un diputado tenga un interés personal, tanto directo y propio como a través de una persona singularizada, que pueda influir de manera inadecuada en el cumplimiento de sus deberes como Parlamentario, de tal forma que se pueda poner en duda la objetividad e independencia del Diputado o que éste no persiga la consecución del interés general».

Actualmente, Sánchez está ya acogido a la ley del alto cargo, que le obliga a inhibirse de las decisiones relativas a la editora de su libro, el grupo Planeta.

La Moncloa ha rechazado aclarar cuánto recibe el presidente por esta obra. En su presentación, el líder del PSOE prometió que donaría los ingresos a las personas sin hogar. Sin embargo, como publicó OKDIARIO, en el Gobierno desconocen si esa donación se ha efectuado. La ONG RAIS, una de las principales asociaciones que en España se dedican a este colectivo -y con la que Sánchez se reunió al poco de llegar a La Moncloa- aseguró a este periódico que Sánchez no se había puesto en contacto con ellos. El libro va por su cuarta edición.