La mitad de los 28 decretos convalidados por Sánchez son directivas de la UE o políticas de PP-C’s

El Gobierno de Pedro Sánchez presume de haber conseguido convalidar en el Congreso de los Diputados 28 reales decretos-leyes durante los primeros nueve meses de su mandato. Sin embargo, la mitad de ellos tuvo relación con políticas que ya habían negociado PP y Ciudadanos o se trató de la transposición de directivas de la Unión Europea (blanqueo de capitales, protección de datos, marcas…)

De esta manera, el PP llegó a votar a favor de 15 de estos 28 decretos y se abstuvo en 8 de ellos, mientras que Ciudadanos hizo lo propio en 17 y 8, respectivamente. Así, los populares de Pablo Casado sólo se opusieron a cinco de estas normas de «extraordinaria y urgente necesidad», mientras que la formación de Albert Rivera apenas rechazó tres de ellas.

El Ejecutivo socialista sólo ha logrado que el Congreso diera luz verde a un proyecto de la ley, la conocida como ‘Ley Celaá’ de Educación

Para sacar adelante el resto, el Ejecutivo socialista de Sánchez se valió de la mayoría absoluta que le permitió desbancar a Mariano Rajoy de La Moncloa a través de la moción de censura. Es decir, con el apoyo de Podemos, los separatistas catalanes, los nacionalistas vascos o los proetarras de Bildu. Sólo sufrió un sonado revés en el real decreto de reforma de los alquileres, que tumbaron tanto la formación morada como los independentistas de ERC.

Fue la cuarta vez en que caía una norma de este tipo en Democracia. Los grupos de Pablo Iglesias y Joan Tardà devolvieron al Gobierno el texto instándole a redactar uno que incluyera medidas para permitir que los ayuntamientos puedan limitar los precios del alquiler, tal y como acordaron Sánchez e Iglesias en su acuerdo presupuestario.

Tras introducir varios cambios y comprometerse el Ejecutivo a crear un índice anual de precios, el Consejo de Ministros aprobó hace unas semanas un nuevo real decreto-ley y confía en que pueda ser convalidado por estos partidos en la Diputación Permanente del Congreso, al estar disueltas las Cortes.

Uso «electoralista»

El hecho de que el Gobierno haya aprobado este decreto tras anunciar elecciones generales para el 28 de abril le ha granjeado duras críticas de la oposición por el uso «electoralista» de esta herramienta legislativa, reservada para casos excepcionales de «extraordinaria y urgente necesidad».

Por contra, el Ejecutivo socialista sólo ha logrado que el Congreso diera luz verde a un proyecto de la ley, la conocida como Ley Celaá de «mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria». Fue, además, con carácter de urgencia y en lectura única.

Otras medidas cuya tramitación parlamentaria ni el Gobierno ni el Grupo Socialista han conseguido completar, han sido ahora rescatadas por el Ejecutivo para tratar de convalidarlas en la Diputación Permanente, algo inusual. Así ha ocurrido, por ejemplo, con el decreto de Igualdad Laboral, que reproduce el texto de una proposición de ley de los socialistas que permanecía en trámite de enmiendas.