Page y los podemitas niegan ayudas sociales a personas con discapacidad del 99%

Emiliano García-Page y sus socios de Podemos han presentado su nueva ley de ayudas sociales a personas con discapacidad mientras su administración niega ayudas a personas con discapacidad de un 99%.

OKDIARIO ha tenido acceso a la petición y rechazo de ayudas en el caso de una persona que sufre una enfermedad “del neurodesarrollo” que la ha dejado con una discapacidad del 99% y en la que la “discapacidad intelectual es severa y a día de hoy, la evolución y pronóstico sigue siendo reservada, ya que de momento no existe curación ni terapias efectivas en la detención de la enfermedad”.

La petición de la familia no parecía desorbitada: que, ya que la Seguridad Social no incluye el pago de los “materiales de caterización intermitente”, les fuesen abonados a través de la comunidad autónoma.

La respuesta, como se puede comprobar en los documentos en poder de OKDIARIO ha sido negativa.

Y lo ha sido a escasos días de que las Cortes de Castilla-La Mancha lanzasen este pasado miércoles, a bombo y platillo, la ley de Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad, una normativa que «marcará un antes y un después en España”, según el Gobierno socialista de Emiliano García-Page y de sus socios podemitas.

Page ha señalado en la presentación de la norma que se trata de un texto que surge de la escucha del «temor» y el «miedo» de muchos familiares de personas con discapacidad sobre lo que ocurría cuando ellos no estuvieran, algo que le «caló en la cabeza”.

Por eso, ha añadido Page, «tomé la decisión personal y política de proponer que algo había que hacer»: acabar con la falta de apoyo a la discapacidad a través de una norma «que no tendrá limitación presupuestaria, porque tendrá que ir por delante de otras prioridades».

Efectivamente un temor debía haber. Porque la misma Administración regional, comandada por los mismos, es la que está negando la ayuda social a personas como la mencionada: con discapacidad del 99%.

La contestación del servicio público a esta persona con discapacidad, de hecho, señala en su informe que su petición no tiene cabida en el esquema de financiación de la “Seguridad Social”. Cosa que ya sabía la demandante desde el primer momento.

Y el servicio autonómico no contempla ampliar esa cobertura. Es decir, que no carga a sus propios presupuestos autonómicos gastos adicionales a los de la Seguridad Social pese a no discutir la necesidad de los tratamientos y su valor: 3.863,50 euros.