El fiscal pide más de 10 años de inhabilitación por prevaricación para la portavoz de C’s en Extremadura

La Fiscalía pide diez años y medio de inhabilitación para la única diputada y portavoz de Ciudadanos en Extremadura, Victoria Domínguez. Lo hace por la acusación de prevaricación en la construcción de unas viviendas dentro del llamado caso Santa Bárbara.

El fiscal ha elaborado su escrito de acusación e incluye a los cuatro investigados. Para todos ellos pide la apertura de juicio oral con penas de inhabilitación especial para ejercer cargo o empleo público.

El fiscal pide la mayor pena para la ex alcaldesa Elia María Blanco, para la que solicita 10 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación y otros dos años por otro delito de omisión de perseguir delitos.

Los otros tres imputados son los exconcejales de Urbanismo Victoria Domínguez, Mónica García y Francisco Barbancho. Para ellos la Fiscalía solicita nueve años de inhabilitación por prevaricación y un año y medio adicional por omisión de la persecución de delitos.

Encrucijada para C’s

La acusación de la Fiscalía, de hecho, es más dura que la efectuada recientemente por el Ayuntamiento de Plasencia, personado en la causa, y que limitó los delitos exclusivamente al de prevaricación. Por ello, el Ayuntamiento pidió sólo ocho años y medio de inhabilitación para Blanco, Domínguez y García y solicitó el sobreseimiento para Barbancho.

A partir de ahora deberá ser el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el que decida si hace caso de la petición de la Fiscalía y, por lo tanto, ordena la apertura del juicio oral.

Con todo ello, el problema salta al terreno de Ciudadanos y a escala nacional. Y es que Victoria Domínguez es en estos momentos diputada regional y portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura.

Y lo es simultáneamente a que Ciudadanos haya pedido, como condición obligatoria, que para respaldar los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno del PP, tenga que dimitir la senadora popular Pilar Barreiro por estar imputada en el caso Púnica.

Un caso de viviendas ilegales

El caso Santa Bárbara se basa en las viviendas construidas ilegalmente en el polígono 16 de la sierra de Santa Bárbara, entre los años 2006 y 2011. La acusación se apoya en que las viviendas no fueron derribadas pese a estar, según el plan general municipal de 1997, en suelo no urbanizable de especial protección, y, con el nuevo plan del 2015, en suelo no urbanizable de protección natural paisajística. Por todo ello, debería haber resultado imposible legalizarlas por no cumplir los requisitos que fija el plan.

“Los responsables de Urbanismo debieron incoar los correspondientes expedientes de disciplina urbanística instando la restauración de la legalidad” y, además, debieron imponer multas coercitivas, e incluso derribar las viviendas en ejecución subsidiaria. También considera la acusación que “al tratarse de infracciones muy graves, se debió iniciar el correspondiente expediente sancionador”, cosa que tampoco se hizo.