El Defensor del Pueblo denuncia el aumento de la venta de droga y okupaciones en el Madrid de Carmena

El Defensor del Pueblo ha reflejado en su informe de 2017 las denuncias de los vecinos de Puente de Vallecas y Carabanchel por el aumento de las okupaciones de pisos y el menudeo de droga, especialmente cocaína y heroína. Los concejales de Podemos en ambos distritos no han sido capaces de frenar el aumento de estos actos delictivos desde la llegada al poder de Manuela Carmena.

«Por lo que afecta a las grandes ciudades», se expone en dicho informe, «un primer supuesto es el que afecta al distrito de Puente de Vallecas, en Madrid, en el que, además de la ocupación de inmuebles al que se hacía referencia en el informe correspondiente al año 2016, se denunciaba que existía un grave problema de inseguridad ciudadana y falta de salubridad».

Este problema viene provocado, de acuerdo al Defensor, por la existencia de edificios y locales deteriorados y abandonados, «pertenecientes en la mayoría de los casos a bancos o propietarios que, debido a la imposibilidad de su venta o alquiler, no hacen un uso adecuado y se encuentran ocupados ilegalmente».

«Algunos» de estos inmuebles se utilizan para consumo y venta de sustancias estupefacientes, continúa el Defensor del Pueblo, que cita el «menudeo de cocaína y heroína», lo que deriva además en un «clima de inseguridad por la frecuente comisión de diversos delitos contra la propiedad, reyertas y peleas en la vía pública».

El Defensor señala que desde la Delegación del Gobierno, advertida de esta problemática, se le ha informado de que en los últimos tres años se han desmantelado más de treinta puntos de venta y tráfico de sustancias estupefacientes en Puente de Vallecas, así como la detención de 88 personas gracias a la «continua presencia policial».

Dicha presencia también se cita en el caso de Carabanchel, otro de los barrios señalados por su inseguridad en el informe anual de este organismo. Se cita en concreto la plaza situada en el Metro de Carpetana, «que es punto de reunión de personas, mayoritariamente toxicómanos e indigentes». El Defensor menciona situaciones parecidas en las localidades toledanas de El Viso de San Juan y Recas.

En las páginas donde se recogen «Situaciones de inseguridad ciudadana», el Defensor del Pueblo señala problemas en grandes ciudades –cita a Sevilla y Almería, además de Madrid– por la proliferación de los llamados ‘gorrillas’, las personas sin reconocimiento de la administración que regulan los aparcamientos.

También se menciona la falta de cobertura policial en las zonas rurales, donde la Guardia Civil «debe hacer frente a no pocas peticiones de intervención en zonas de gran extensión geográfica».

Ley de Seguridad Ciudadana

El Defensor del Pueblo también señala problemas por los retrasos en la expedición del DNI o con la identificación de policías en actuaciones de las Fuerzas de Seguridad, lo que se achaca a la progresiva extensión de los nuevos uniformes con el número de identificación en lugar visible, cumpliendo así con la normativa en vigor y las instrucciones del Ministerio del Interior.

La aplicación del régimen sancionador contemplado en la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la conocida por sus detractores como ‘ley mordaza’, también es de nuevo objeto de análisis. El Defensor del Pueblo señala «cuestiones tan sensibles como los registros corporales en la calle, el ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y manifestación y la libertad de expresión».

«Deberían reforzarse las garantías en la línea de las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo en junio de 2015 que, si bien se referían a la interpretación de la norma entonces recién aprobada, son susceptibles de tenerse en cuenta en una eventual reforma legislativa», apunta este organismo, que recoge los datos del primer año de aplicación de la ley.

Registro y custodia de detenidos

El Defensor informa de que ha iniciado en 2017 distintas actuaciones ante la Dirección General de la Policía por observarse «errores» en la cumplimentación de las hojas de custodia de las personas detenidas, poniendo de ejemplo las quejas de la Comisaría de Moratalaz de Madrid.

En el capítulo de malos tratos, el Defensor se refiere a las denuncias en cárceles y recoge dos casos en 2017 en el ámbito policial, uno por una «agresión injustificada» por parte de la Policía Local de Getafe (Madrid) y otro por un menor que fue golpeado por agentes de la Policía Local de Melilla.

También se ha pedido explicación a la Policía Nacional por la denuncia formulada por un detenido en Almería que aseguró haber sido testigo de golpes a otros arrestados.

La situación en los centros penitenciarios es objeto del estudio, que cifra en 58.958 los internos al finalizar 2017, de los que el 92,55% son hombres. Andalucía con 13.669 en la comunidad con más presos, seguida de Cataluña (8.374) y Madrid (7.618). En este último año ha habido un descenso del 0,98% en la población reclusa.

En el último año fallecieron 156 internos (2,99 por cada 1.000 internos) frente a los 155 fallecimientos de 2016 (2,79 por cada 1.000 internos). Las prisiones con más muertes son Valencia (8), León (7), Puerto III-Cádiz (6), Algeciras (6), Sevilla II (6) y Tenerife (6).

El Defensor recuerda que ha pedido información complementaria sobre los suicidios en prisión, que en 2016 fueron 23, 21 de ellos en centros penitenciarios y dos en unidades de custodia de los hospitales de referencia (22 hombres y una mujer). «Reconoce la Administración que la tasa de incidencia de este factor de mortalidad (0,44 por cada 1.000 internos), aunque sensiblemente inferior a la de la Unión Europea, es superior a la de la población general para estos grupos de edad», señala el informe.