Un sindicato denuncia el amaño del concurso de seguridad de las sedes judiciales de Madrid

El Sindicato Libre de Seguridad (SLS) ha presentado dos denuncias contra el concurso de adjudicación del nuevo contrato de seguridad de los organismos judiciales de la Comunidad de Madrid, que aún no ha sido aprobado definitivamente por el Consejo de Gobierno pero en el que ha resultado ganador la empresa Alerta y Control.

Según ha señalado el portavoz del SLS, Juan Carlos Fernández, este presunto amaño que denuncian está relacionado con el plan de igualdad presentado dentro del concurso, que ellos consideran es obligatorio por convenio nacional.

Alerta y Control, sin embargo, habría presentado una revisión de este plan basándose en uno del año 2009, del que aseguran no tienen constancia y que solo está firmado por el presidente del Comité de Empresa, y no por todos los representantes sindicales «como está estipulado».

Ante esto, desde el SLS han presentado dos denuncias. La primera, vía social, por el proceso de adjudicación en sí y la segunda, penal, por presunta falsedad documental, ya que entienden que Alerta y Control presentó un documento falsificado a la licitación de un concurso público. También se han planteado un recurso ante el Tribunal de Contratación por estas «irregularidades», pero están a la espera de que el contrato sea adjudicado definitivamente.

Proceso de adjudicación

Estas contrataciones de seguridad se producen en dos fases de valoración, cada una de ellas puntuadas con 50. El primero incluye el controvertido plan de igualdad, el código deontológico, el protocolo contra el acoso o la formación impartida a los empleados. La siguiente fase se centra en la oferta más económica para las arcas públicas.

En ese primer apartado, Alerta y Control obtuvo 28 puntos. Desde el sindicato apuntan que para pasar este primer corte es necesario obtener más de 25. Ahí, según SLS, se produjo el presunto amaño.

«Pese a que obtuvieron cero puntos por el plan de igualdad, les otorgaron otros cuatro extras en un anexo del plan de acoso relacionado con igualdad para que pasaran de 25. Sin esos cuatro se habrían quedado en 24, por debajo del límite, y habrían sido eliminados», explica el portavoz, añadiendo que la empresa adjudicataria actual, Sasegur, obtuvo en esta primera fase 49 puntos.

Finalmente, Alerta y Control obtuvo los 50 puntos en la segunda fase al presentar la oferta más económica y se hizo con la adjudicación, fijada en 17 millones de euros para los próximos dos años, aunque aún no ha sido aprobada definitivamente porque se encuentra en período de alegaciones.

Por todo ello, el sindicato considera que el concurso «ha sido amañado» y que «ha habido algo raro». «Nos hace malpensar todo esto», ha apostillado el portavoz, recordando que Alerta y Control ya fue la responsable de la seguridad en las sedes judiciales de la Comunidad hasta el año 2016.

Fuentes de Alerta y Control han resaltado a Europa Press que las acusaciones «no tienen ningún fundamento jurídico ni basado en hechos reales», y que en las denuncias del sindicato, de las que aún no tienen constancia, hay «bastantes inexactitudes e incluso alguna falsedad».

También defienden el plan de igualdad que presentaron «con todos los requisitos», aunque «fuera mal valorado por parte de la Comunidad de Madrid». «El resto del pliego compensó para que nos lleváramos el contrato», señalan.

Comunidad: «Se han cumplido los requisitos»

Por su parte, desde la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía de la Comunidad de Madrid han precisado a Europa Press que Alerta y Control «ha cumplido todos los requisitos para optar al contrato, como se ha comprobado en las mesas de contratación». «Ha ganado la oferta más ventajosa», añaden estas fuentes.

Además, frente a la opinión del sindicato, aseguran que el plan de igualdad «no es un requisito necesario» en este tipo de contratos, sino «un criterio de valoración más».