Interior se reafirma en la orden que permite a los presos denunciar maltrato aunque no consten lesiones

El Ministerio del Interior se reafirma, pese a la polémica, en la orden que permite a los presos denunciar agresiones aún cuando no consten lesiones.

Así se desprende de la respuesta del Gobierno a una pregunta por escrito, en el Congreso de los Diputados, del partido Ciudadanos. Los diputados de esta formación, Joan Mesquida y Miguel Gutiérrez, instaron a Interior a explicar el por qué de la controvertida orden, que criminaliza a los funcionarios de prisiones.

La citada orden fue emitida el pasado 1 de julio por el Director General de Ejecución Penal y Reinserción Social, justificándose en la intención de «erradicar cualquier duda sobre la existencia de abusos y desviaciones de poder por parte de quienes ejercemos una función pública».

«No hace sino menoscabar la legitimidad de los funcionarios de prisiones que, lejos de reforzar su autoridad durante el ejercicio de sus funciones -un elemento básico a la hora de garantizar la eficacia de su trabajo- cuestiona en todo momento su profesionalidad», firman los parlamentarios.

En la pregunta, se interesan por si el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, era conocedor de dicha instrucción. «¿Considera que este tipo de orden ministerial refuerza el trabajo llevado a cabo cada día por los funcionarios de prisiones, en un momento en el que precisamente estos funcionarios se quejan de su inseguridad en el lugar de trabajo ante el incremento de agresiones que sufren en su jornada laboral?», plantean en otra de las preguntas. Los diputados estiman que ello «no hará más que acrecentar el escenario de inseguridad al que se enfrentan diariamente los funcionarios de prisiones».

En su respuesta, el Gobierno se reitera en la orden, afirmando que «se dicta siguiendo la recomendación del Defensor del Pueblo, en calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura».

«Se trata, por tanto, de cumplir con una recomendación que viene reiteradamente recordando el Defensor del Pueblo y generar seguridad jurídica», añade, tras citar la legislación al respecto.

Críticas de los funcionarios de prisiones

La orden provocó una honda polémica entre los funcionarios de prisiones, que entienden que se cuestiona su respeto a los derechos humanos y su atención a los presos.

En la misma, se advierte de que «el hecho de que la ejecución privativa de libertad se realice en un contexto cerrado motiva que sea especialmente relevante ejercitar la labor penitenciaria en el respeto más escrupuloso a la legalidad”.

Y se añade que, a fin de «erradicar la duda sobre la existencia de posibles abusos y desviaciones de poder», los partes de lesiones se remitirán por parte de la dirección del centro penitenciario al Juzgado de Guardia que corresponda, acompañado de los partes de hechos que pudieran constar «aunque no consten lesiones».

Es decir, todos los partes «consten o no lesiones» deberán ser puestos en conocimiento de la autoridad judicial y, en definitiva, cuando un interno denuncie haber sido agredido se determinará la práctica de «actuaciones tendentes a esclarecer lo acaecido».

«En estos supuestos, el director deberá también acordar la realización de actuaciones tendentes a esclarecer lo acaecido y, con independencia del resultado de las mismas, remitir copia de lo actuado y de la declaración del interno al Juzgado de Guardia», se indica en el documento.