Interior abre expediente a un policía por no realizar identificaciones injustificadas a inmigrantes ilegales

El Gobierno de España y sobre todo el Ministerio del Interior nunca han aceptado el hecho irrefutable de que, tras la llegada masiva de inmigrantes irregulares a Canarias, se consintió y en algunos casos se amparó el reparto de esos inmigrantes, 23.000 durante 2020, a otras provincias españolas. Ese reparto se llevó a cabo por acción -los vuelos en los que Interior embarcaba a inmigrantes irregulares beneficiados de asilo- o por omisión de acción, no poniendo ningún impedimento a que esos inmigrantes embarcaran una y otra vez en vuelos con destino a la Península. Este último hecho es lo que ha puesto a un policía de Granada en el objetivo de sus superiores jerárquicos.  A este agente le acaban de abrir un expediente por no querer obedecer una orden también consentida desde Interior: identificar a todo aquel pasajero proveniente en vuelos de Canarias por su aspecto o nacionalidad. Interior le estaba pidiendo a sus policías en Granada que identificaran a inmigrantes ilegales en destino que ellos mismos habían permitido salir de Canarias y hacer eso, sin justificación objetiva, es ilegal.

Todo arrancó el 4 de diciembre, fecha en la que el policía expedientado, inspector jefe en el Puesto Fronterizo de Granada, redactó una nota en la que decía haber podido relacionar un aumento de la llegada de varios inmigrantes irregulares desde Canarias hasta Granada con una trama mafiosa que organizaba estos traslados y empadronaba a los ilegales en la ciudad andaluza. Como motivo de aquel hecho se intensificaron las labores de vigilancia de la llegada de los vuelos de Canarias para averiguar si pudiera haber otros recién llegados conectados a algún tipo de actividad o trama criminal similar a la desarticulada.

Teniendo en cuenta que en los aeropuertos españoles la actividad de la Policía Nacional está muy limitada en favor de la Guardia Civil estos agentes esperaban los vuelos, observaban de cerca a los pasajeros y constataban si, a la salida del aeródromo, les esperaba algún vehículo, como sí ocurría en el caso de la mafia de los empadronamientos. No detectaron nada extraño. No podían hacer más in situ.

No identificó a 12 subsaharianos

El expediente por el que se le va a investigar es por un hecho ocurrido 10 días después. El 14 de diciembre llegó un vuelo procedente de Canarias con 12 ciudadanos subsaharianos. Pese a ser inmigrantes ilegales portaban documentación y billetes en regla. Ni su origen, ni su etnia, ni su aspecto eran motivos suficientes para identificarlos, de modo que los observaron y, al no apreciar conducta delictiva, los dejaron seguir sin más. Por este motivo, Interior expedienta ahora a este policía, alegando que no cumplió unas órdenes que se oponen directamente con lo que vende el Ministerio del Interior en público.

30 de diciembre de 2020. El director general de la Policía comparece ante la Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados. Francisco Pardo se somete al control de la comisión en un momento en el que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha arrojado sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la grave acusación de realizar identificaciones por razón de raza a través de una campaña publicitaria que indigna a policías y guardias civiles. La intervención de Pardo es demoledora: “No existe racismo institucional para utilizar como instrumento de control migratorio”, dijo Pardo, para añadir que ese sería un escenario que él nunca consentiría porque es una persona que lleva luchando años contra el racismo. Pues parece que el director general de la Policía debería hablar de este asunto con su comisario provincial en Granada, ya que éste ha decidido expedientar a un policía que precisamente se niega a enmendar la plana del coladero de la inmigración ilegal atropellando derechos basándose en la discriminación racial.

Las fuentes consultadas por OKDIARIO no tienen duda del buen hacer de un policía al que quieren convertir en chivo expiatorio de la improvisada estrategia de Interior con la crisis migratoria de Canarias: La Policía puede identificar a una persona cuando existan indicios de que ha podido participar en la comisión de una infracción o para prevenir la comisión de un delito. En el caso de los inmigrantes irregulares de Canarias hablamos de vuelos nacionales, con billetes pagados legalmente en origen y documentación en regla que se revisó al embarcar en las Islas. De ninguna manera encaja en los supuestos anteriores.

Por si hubiera alguna duda más la Ley que regula las identificaciones policiales desde 2015 ampara a este policía de manera tajante: “En la práctica de la identificación se respetarán estrictamente los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación por razón de nacimiento, nacionalidad, origen racial o étnico, sexo, religión o creencias, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Una vez más, la desastrosa estrategia de Interior para gestionar la ingente llegada de inmigrantes ilegales a nuestro país queda al descubierto, solo que ahora puede llevarse por delante a un policía que solo quiso hacer bien su trabajo.