El gurú de Sánchez para la reforma constitucional tachó el Cupo de «anacrónico» y «agravio»

El nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría ver comprometidas sus relaciones con el PNV-partido que resultó decisivo para que triunfase su moción de censura-si aplica el criterio que en su día mantuvo Gregorio Cámara, encargado de su proyecto para la reforma de la Constitución.

Cámara, catedrático de Derecho Constitucional, diputado y coordinador del Consejo de Expertos del PSOE para la propuesta de reforma de la Carta Magna, defendía, en 2013, que el Cupo vasco era un «anacronismo» y «una fuente de agravio» que podría ser además emulado por el resto de comunidades autónomas, lo que convertiría el sistema en «inmanejable».

Así lo calificó en la presentación del documento ‘Por una reforma federal del Estado autonómico’, de la Fundación Alfonso Perales, y del que Cámara fue coordinador. En el texto, se planteaba la necesidad de limitar el Cupo y el Concierto Navarro al considerar que la Disposición Adicional Primera de la Constitución Española sobre la financiación de esas dos regiones alteraba la igualdad entre los ciudadanos.

Sistemas «problemáticos»

Los autores del informe-entre ellos la actual vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo- critican que «alguna Comunidad Autónoma ha gozado de una desproporcionada capacidad de influencia en la configuración de los diferentes sistemas de financiación que se han sucedido bajo la LOFCA, como consecuencia de que, en virtud del sistema de partidos, su apoyo ha podido ser determinante para la formación y estabilidad del gobierno central».

En este sentido, el texto llama la atención sobre los sistemas singulares de financiación vasco y navarro, que considera «problemáticos», en la medida en que «constituyen un ‘hecho diferencial’ exclusivamente español que no tiene absolutamente ningún parangón en Derecho comparado».

Los autores destacan que «todos los estudios que se han hecho al respecto señalan que ambos sistemas vienen proporcionando una financiación per cápita a ciudadanas y ciudadanos del País Vasco y de Navarra notablemente superior a la media nacional».

«Y aunque este resultado no sea técnicamente una consecuencia ineludible de tales sistemas, pues es imputable en última instancia a la metodología del cupo o de la aportación navarra, no puede soslayarse que, políticamente, es harto improbable que se llegue a un nivel razonablemente equiparable de dicha financiación per cápita».

«La subsistencia de los regímenes financieros forales conlleva un efecto desestabilizador del conjunto del sistema autonómico».

Asimismo, concluyen sobre la necesidad de reformar el sistema, considerando que «la falta de acuerdo sobre un reparto más justo de los recursos en modo alguno perjudica a dichos territorios, pues ostentan el derecho a la recaudación de la práctica totalidad de los impuestos del sistema tributario y, en consecuencia, tienen asegurada su financiación».

«Los hechos, siempre tozudos, se encargan de demostrarlo; baste un ejemplo: pese a los esfuerzos de los diversos gobiernos centrales por mejorarlas técnicamente, las reglas provisionales que se aprobaron para fijar exclusivamente el cupo vasco del año 1981 siguen siendo la metodología vigente tres décadas más tarde», añade el documento.

El texto destaca además  «el amplio poder normativo que ostentan los territorios históricos en materia de imposición directa» que «no ha dejado de generar problemas en el ámbito de la Unión Europea, como lo acreditan algunas Sentencias del TJUE que han declarado contrarias al Derecho europeo diversas medidas tributarias vascas y navarras, fundamentalmente, por vulnerar las libertades de circulación y establecimiento».

En conclusión, «la subsistencia de los regímenes financieros forales conlleva un efecto desestabilizador del conjunto del sistema autonómico: a la vista de sus innegables ventajas, puede generar –como ya ha sucedido en la práctica- un efecto emulación en otros territorios dotados de mayor capacidad fiscal que la media de las CCAA».

«Una reforma de la Constitución orientada por el objetivo de dotar a la misma de verdaderas reglas sobre el reparto de las competencias financieras y de los recursos entre el Estado y las CCAA resulta conveniente para garantizar un minimum de autonomía y suficiencia financieras a las CCAA frente a un eventualmente centralista legislador orgánico. Por otra parte, esa mayor concreción dificultaría la posibilidad de que la normativa infraconstitucional extendiera a otras CCAA un modelo de financiación tan singular como el que disfrutan los territorios forales desde el siglo XIX», se puede leer también en el informe.

El sistema de financiación vasco ha provocado históricamente discrepancias internas en el PSOE.

No obstante, en noviembre, el partido decidió votar en el Congreso a favor del  proyecto de ley del Cupo Vasco, uno de los compromisos del anterior Gobierno con el PNV para los Presupuestos Generales del Estado de 2017. La  entonces portavoz socialista, Margarita Robles- hoy ministra de Defensa-aseguró que lo hacían «sin complejos» porque  el concierto económico que rige la relación financiera entre el País Vasco y la Administración General del Estado es un «hecho diferencial constitucional reconocido».

En el debate entre el grupo parlamentario sobre esta cuestión, el diputado valenciano Cipriá Císcar urgió a la revisión del modelo de financiación autonómica que rige para el resto de comunidades para terminar con las desigualdades.

El Gobierno de Mariano Rajoy cerró el año pasado un acuerdo con el PNV tras años de desavenencias sobre el cálculo del Cupo, que cifró en 1.400 millones de euros la devolución del Estado al Gobierno vasco.