El Gobierno aprovecha el estado de alarma para eliminar la educación especial en niños con discapacidad

El Gobierno ha vuelto a colar en pleno estado de alarma uno de sus objetivos políticos: empezar a eliminar la educación especial que reciben en España los niños con discapacidad.

Su objetivo es traspasar a los colegios ordinarios, en 10 años, a todos los alumnos con discapacidad intelectual que reciben en estos momentos clases a través de centros especializados.

El nuevo susto legislativo ha aparecido en el redactado de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley de Educación que acaba de iniciar su tramitación. La decisión no ha sido consultada ni con los padres, ni con los profesionales de los colegios. Todo ello contando con que las familias con niños con discapacidad intelectual, entidades y colegios de Educación Especial, sindicatos, patronales y profesionales de la enseñanza, ya se opusieron a esta norma, incluso por medio de manifestaciones como la celebrada en su momento en Valladolid.

La plataforma ‘Educación Inclusiva Sí. Especial También’ ha puesto ya el grito en el cielo y señala que «los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno han decidido, en pleno estado de alarma, reactivar la tramitación, a espaldas de la sociedad y con su capacidad de reacción anulada por la pandemia». La reforma de la Ley de Educación, de este modo, «promueve la eliminación de los Centros de Educación Especial».

La plataforma añade que «los grupos parlamentarios PSOE y Unidas Podemos han decidido aprovechar esta situación excepcional, dramática para miles de personas que están perdiendo a sus seres queridos, valerse del caos y la incertidumbre sanitaria, social, económica, educativa y política que vivimos en el país durante las últimas semanas, para seguir tramitando la Ley de Educación (la conocida como ‘Ley Celaá’) a espaldas de la mayoría de la sociedad que desconoce lo que está pasando y no puede manifestarse democráticamente al respecto».

El plazo para presentar enmiendas a la totalidad de la Ley finalizó el pasado 24 de abril y el próximo 29 de abril concluye el de presentación de enmiendas parciales. «Valerse de esta situación, en la que los ciudadanos no podemos manifestarnos ni salir a la calle para mostrar un rechazo a una ley que supone una tragedia para nuestros hijos, es la mejor forma de amordazar a las miles de personas con discapacidad intelectual, familias y docentes que estamos en contra de esta ley, y evitar que podamos hacer ruido».

La Disposición Adicional Cuarta del Anteproyecto de Ley pretende limitar los Centros de Educación Especial únicamente a «los alumnos que requieran una atención muy especializada».

Además, el texto persigue eliminar la mayoría de los Centros de Educación Especial existentes, «arbitrariamente, en 2030. Durante las semanas anteriores al estado de alarma pedimos a la responsable de Educación y Universidades del PSOE, M. Luz Martínez Seijo, la eliminación de la controvertida y polémica disposición adicional cuarta de la Ley. Si Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no querían cerrar los colegios de Educación Especial, como venían manifestando públicamente, no tenía ningún sentido dicha disposición. Sin embargo, el texto que se está tramitando sigue incluyendo la Disposición Adicional Cuarta», destacan desde la plataforma.

La plataforma muestra su «absoluto rechazo a la estrategia empleada por el Gobierno para amordazar a las personas con discapacidad intelectual, a sus familias y docentes, y pedimos la movilización social en redes sociales y medios de comunicación de quienes como nosotros estén en contra del cierre de los colegios de Educación Especial. Que se enteren #nocierresmicole, #sancheznocierresmicole».

La Plataforma ‘Educación Inclusiva Sí. Especial También’ está formada por personas con discapacidad intelectual, sus familias y docentes, que defienden el derecho de todas las personas con discapacidad a disfrutar de una inclusión real en la sociedad en todos sus ámbitos. No al cierre de colegios de Educación Especial.

«Pensamos que ello se puede lograr estando escolarizados tanto en centros ordinarios, como en centros de educación especial», destacan desde la plataforma. «No pertenecemos a ningún partido político ni organización sectorial. Tampoco estamos adscritos a ninguna confesión religiosa. Tenemos 160 entidades adheridas, 30.000 personas que dan su apoyo y han reunido 300.000 firmas contra el cierre de los colegios de Educación Especial», concluyen.