Política migratoria

El Gobierno admite que el caos en las solicitudes de asilo afecta a la “seguridad del Estado”

El Gobierno admite que el caos en las solicitudes de asilo afecta a la “seguridad del Estado”
Pedro Sánchez.

El Gobierno ha licitado la contratación del servicio de gestión de solicitudes de protección internacional, es decir, el sistema informático necesario para la concesión del asilo a refugiados. El importe del contrato es de  2.178.000 euros, para un plazo de ejecución de 18 meses. 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) hace público este lunes el inicio del procedimiento, que se hará por la vía de urgencia. En su memoria, el Ejecutivo de Pedro Sánchez justifica que la Oficina de Asilo y Refugio, el órgano encargado de resolver las solicitudes de protección internacional y del estatuto de apátrida, utiliza actualmente la aplicación ‘Asilo’ "cuyo diseño inicial -argumenta el Gobierno- hace más de 14 años tuvo como objetivo disponer de un sistema de seguimiento del procedimiento de protección internacional que agilizase la resolución de las solicitudes".

"Sin embargo, las necesidades actuales requieren una mayor flexibilidad de las estructuras de datos que permitan incluir las nuevas funcionalidades requeridas por la Oficina de Asilo y Refugio y satisfacer las necesidades de análisis y estadísticas de datos de los usuarios de forma flexible", añade.

El Gobierno acaba admitiendo que el estado "de obsolescencia y las graves carencias" de la aplicación no permiten cubrir las necesidades actuales de la Oficina, en un contexto marcado por la elevada inmigración, y considera que resulta "innegable" que "dar una respuesta adecuada al desafío de los crecientes flujos migratorios es esencial en la construcción de la agenda política actual".

El Ejecutivo reconoce así el "incremento exponencial de las solicitudes de protección internacional que se presentan en nuestro país" y también que este hecho "constituye una cuestión esencial de interés público, puesto que influye en temas tan relevantes como son la seguridad del Estado, la ejecución de obligaciones internacionales y, sobre todo, la aplicación de un mecanismo de protección de los derechos humanos para personas que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad".

Reducir el tiempo de resolución

El Gobierno se ve así en la "urgencia" de adoptar un nuevo sistema que permita "incrementar el volumen de usuarios y peticiones concurrentes" para "atender el fuerte incremento de peticiones de protección internacional que se está produciendo". Además, se pretende "mejorar los tiempos de resolución de las solicitudes, reduciendo las listas de espera actuales".

Pese al discurso público, el Ejecutivo socialista viene revelando, a través de distintos documentos oficiales, la preocupación por el auge de la inmigración y los problemas de gestión que ocasiona. En este sentido, la misma memoria justificativa añade que "debe dotarse de manera inmediata a las unidades que gestionan esta política pública de medios que permitan realizar este trabajo en las circunstancias actuales".

El pasado julio, el Gobierno se vio obligado a aprobar una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios en la atención a asilados y refugiados.

En una reciente respuesta parlamentaria, el Ejecutivo de Pedro Sánchez admitía también que la llegada de inmigrantes irregulares a las costas españolas había desbordado todas sus previsiones. En la contestación, por escrito, en el Senado, avanzaba además unos pronósticos poco optimistas, reconociendo una "situación de emergencia", "sobreocupación" y previsión de "grandes llegadas". Desde julio, el Ejecutivo ha tenido que habilitar varios Centros de Acogida de Emergencia (CAED) para acoger a los irregulares que llegan a las costas, y se espera que, en los próximos meses, se abran dos más.

Recientemente, como publicó OKDIARIO, el Gobierno socialista admitió también que los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla están desbordados.

En sus previsiones, el Gobierno ha incluido en los Presupuestos Generales -en tramitación parlamentaria- una estimación de 30.000 autorizaciones de residencia y trabajo para inmigrantes. Un cálculo notablemente superior a los del Gobierno de Mariano Rajoy en años anteriores, cuando era de 18.000.

Ofertas de empleo

Por otro lado, el Ejecutivo también incrementa la previsión de ofertas de empleo para la contratación en origen de inmigrantes. Si en 2017 esa previsión era de 7.000, ahora llega a 19.000. El mismo dato con el que, calculan los socialistas, se cerrará 2018.

El proyecto para 2019 -que aún no cuenta con los apoyos necesarios- incorpora una dotación de 412 millones de euros para acciones en favor de los inmigrantes, lo que supone un incremento de 94 millones respecto a 2018, es decir, un 29,6 por ciento más respecto al ejercicio anterior.

El incremento presupuestario se produce para potenciar el sistema de Protección Internacional -con un incremento de 67 millones de euros con respecto a 2018- y para atender a inmigrantes que lleguen a las costas españolas o formen parte de asentamientos -se destinan 27 millones de euros más que en 2018-.

Por otro lado se mantienen las dotaciones para financiar el Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados, de acuerdo con la Decisión del Consejo Europeo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE (JAI), con especial atención a las familias con hijos menores por ser especialmente vulnerables. En concreto, a estas actuaciones se destinan 229 millones de euros.

La llegada de Sánchez a La Moncloa ha provocado un aumento récord en la cifra de inmigrantes. Entre el 1 de junio y el 17 de diciembre de 2017 entraron en España un total de 20.401 irregulares. Sin embargo, este número se eleva a más del doble (un 152%) en el periodo que va desde el 1 de junio de 2018 hasta el pasado 16 de diciembre: esto es, 51.487 inmigrantes ilegales.

Lo último en España