Los funcionarios de prisiones denuncian la ‘farsa’ de las penas alternativas a la cárcel que defiende Sánchez

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones ha criticado la política de reinserción penitenciaria defendida por el gobierno de Pedro Sánchez y basada en favorecer «medidas alternativas» a la cárcel.

En un escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO, los funcionarios denuncian la ‘farsa’ de las penas alternativas a la prisión y señalan por ejemplo los trabajos en beneficio de la comunidad que, en algunos casos, se desarrollan -además de en asociaciones o centros de inserción social- en módulos masificados, con hasta 20 o 30 internos cumpliendo penas de hasta 300 horas.

«Los trabajos en beneficio de la comunidad, hoy en día, dejan mucho que desear, pudiendo afirmar que no se cumplen», señala esta organización. «Pero hoy en día lo único que interesa son las estadísticas y nos venden a los ciudadanos que hay menos gente en prisión y más gente cumpliendo medias alternativas», añaden.

Estos trabajadores se declaran «perplejos» por «cómo nos venden un modelo cuando la realidad es bien distinta» y denuncian también la «alarmante falta de personal y las cada vez mayores tareas burocráticas que impiden a los empleados de Interior ejercer la labor de vigilancia» adecuada.

«Si quieren que las medidas alternativas ocupen cada vez más importancia en nuestro ordenamiento jurídico y penitenciario deben dotar de medios materiales y personales para llevarlo a la práctica, en unas condiciones óptimas y con eficacia», señalan. De lo contrario, advierten, se dará «la sensación de impunidad ante los delitos».

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, se ha declarado un firme partidario de los modelos alternativos para el cumplimiento de las penas de prisión. Así lo expresó en distintos foros como, en 2016, en unas jornadas en las que se denunciaban «torturas» en las cárceles españolas, según publicó OKDIARIO. «Prisión como trato inhumano» era el tema principal de las ponencias.

El pasado enero, en el Congreso de los Diputados, el responsable de las cárceles españolas destacó que «una de las prioridades» de su departamento sería «crear las condiciones idóneas para incrementar el número de penados que cumplan su condena en régimen abierto», abogando por flexibilizar las penas privativas con distintos tipos de trabajos.

En su programa electoral para las elecciones de abril, Sánchez defendía una revisión del Código Penal «para fortalecer los principios de legalidad, subsidiariedad, proporcionalidad y reinserción social, favoreciendo medidas alternativas a las penas privativas de libertad». Una medida que no se incluye en la propuesta actual. Sin embargo, en el borrador de Presupuestos Generales sí se proponía el avance «hacia un modelo que potencie y maximice la gestión y el cumplimiento de las penas y medidas alternativas a la prisión, libertad condicional, etc., por ser éstas las que conllevan un más alto grado de eficacia en la consecución de objetivos rehabilitadores”.

Primer grado

Además, Ortiz, en una comparencia en el Congreso y en respuesta a Podemos y Bildu, dijo «tomar nota de su preocupación por el tema de las personas que llevan mucho tiempo en aislamiento» -el régimen que se aplica a los condenados más peligrosos, como presos de ETA, pederastas o presos con graves problemas de disciplina.

«Por ello me propongo, en ese colectivo que afortunadamente es de un 2%, creo que son 800 personas o no llegan, intensificar que puedan ser progresados al grado que merezcan», afirmó. Consideró también que «el primer grado tiene que ser excepcional» y aseguró que se habían dado instrucciones para que el periodo de aislamiento disciplinario -de 42 días como máximo- pudiese fragmentarse en periodos de catorce días, intercalando otros de régimen ordinario.

Los funcionarios manifiestan también su inquietud sobre este asunto y recuerdan que el primer grado penitenciario «es cierto que es el grado más severo que se puede aplicar a una persona ingresada en prisión» pero se aplica «a internos que no saben vivir en convivencia poniendo en peligro la vida o integridad física de otros internos o de los empleados». Por tanto, advierten, «se puede puede poner en serio peligro la seguridad de estos».