Oltra la usurera: cobra un interés del 3% a los centros de discapacitados para pagar sus atrasos

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, cobra intereses de hasta el 3 % a los centros de discapacitados para que puedan hacer frente a los atrasos generados por el propio gobierno valenciano tras nueve meses de impagos. Una práctica cuasi usurera, toda vez que la deuda contraída por medio centenar de estos centros ocupacionales que asisten a 2.000 personas responde a la gestión llevada a cabo por la también consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas desde 2015.

Oltra decidió eliminar en diciembre pasado el sistema de subvenciones por el que se regían estas entidades sin ánimo de lucro. Centros que atienden a personas con diversidad funcional y trastorno mental grave, y que manejan presupuestos muy justos. Con ellos pagan a sus trabajadores, y gastos como luz, agua y mantenimiento. Hasta que lo suprimió su consejería, recibían regularmente su asignación en dos o tres pagos al año.

La número 2 de Ximo Puig en la Generalitat valenciana implantó a primeros de año otro modelo: el concierto social, bajo el argumento de que estos centros dispondrían de mayor liquidez y operatividad al recibir una cantidad mensual. El gasto medio de estas residencias oscila entre los 20.000 y 30.000 euros. Oltra firmó ese concierto en un acto publicitado a bombo y platillo el pasado 1 de agosto en el que anunció se cubrirían Alicante, Castellón y Valencia. Pero a la vuelta del verano, la mayoría de esos centros ocupacionales no habían recibido un solo euro desde el mes de enero.

Ante la reclamación de los centros, el gobierno valenciano les ofreció dos opciones para cobrar: esperar o solicitar un crédito al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), un organismo autonómico que hace las funciones de banco público al estilo del ICO estatal. La urgencia de hacer frente a los pagos hizo que medio centenar de estos centros sociales  se acogieran a esta última.

Lucrarse con entidades sociales 

La sorpresa es que el préstamo del IVF auspiciado por Mónica Oltra tenía letra pequeña: costes financieros. Y ello a pesar de ser un banco público y de que la responsabilidad de los impagos recaía en la propia Generalitat. En total, y sumado a los costes notariales, asumieron el pago de unos 2.000- 3.000 euros de intereses, endeudándose para hacer frente a una deuda.

Todo en contra de los que establece la normativa del propio gobierno valenciano: “Las entidades que presten sus servicios dentro de este ámbito no podrán ver minorada su capacidad patrimonial por cuestiones de financiación del servicio”.La situación ha derivado en las protestas de los  centros, en los que 800 trabajadores soportan atrasos de seis meses (Oltra anunciaba hace unos días que pagaba hasta mayo).

La política ‘social’ de la líder de Compromís deja así a estos centros de discapacitados obligados a pagar intereses del 3% cuando las entidades financieras privadas le cobran a la Generalitat Valenciana sólo un 0,14 % por el dinero del que dispone el banco público IVF. Casi tres puntos con los que el gobierno del socialista Ximo Puig y la nacionalista Mónica Oltra se lucra, tras forzar a empeñarse a entidades de asistencia social y sin ánimo de lucro.