Una auditoría tumba los contratos de la empresa pública valenciana convertida en pesebre de podemitas

El tripartito del Ayuntamiento de Valencia, formado por Valencia en Comú, Compromís y el PSOE, utilizó la empresa pública de ‘Fundación InnDEA’ para adjudicar puestos a miembros afines a sus partidos y a familiares. Se llegaron a crear puestos a medida de estos dirigentes colocados, pero una auditoría ha considerado injustificados estos nuevos cargos.

Ante la presión de Ciudadanos desde la oposición, el consistorio valenciano liderado por el alcalde Joan Ribó se vio obligado a encargar una auditoría para que revisara si estos puestos eran necesarios o no. Todos los partidos votaron a favor de esta iniciativa, que fue presentada por la formación naranja. Ribó no sólo es el primer edil de la capital valenciana, también es el presidente de ‘Fundación InnDEA’.

Para desgracia de Ribó y el resto de su equipo, la empresa que se encargó de llevar a cabo esta auditoría, ‘Waribo Consultores’, no encontró justificación alguna para los siete puestos que se crearon para esta entidad.

«No se aporta ningún documento justificativo de la necesidad de realizar un proceso de selección para la cobertura de este puesto», alega la citada entidad en todos y cada uno de los siete casos analizados.

El gerente de esta entidad pública, Rafael Monterde, fue cesado de este cargo por el patronato de la fundación el pasado 4 de julio. Esta decisión se tomó desde el ejecutivo de Ribó para tratar de aplacar los ánimos de la oposición, aunque la medida no surgió efecto puesto que al poco tiempo se vio forzado a dimitir el que era vicepresidente de esta Fundación, Jordi Peris.

Peris presentó su dimisión el 11 de julio por la polémica suscitada en torno al funcionamiento de InnDEA. También abandonó su puesto como concejal de Participación, Derechos e Innovación Democrática en el Consistorio. «Valencia en Comú ha fracasado», alegó tras renunciar a todos sus cargos, achacando también esta decisión a «luchas internas» dentro de la formación.

Ninguno está justificado

Los puestos adjudicados son todos «injustificados». Y uno a uno son calificados así por la auditoría, a la que ha tenido acceso OKDIARIO. Así, en el nuevo puesto de Especialista en Participación Ciudadana y Políticas de Igualdad de la Fundación InnDEA se encuentra Sará Verdú Vila. Verdú es integrante de Valencia en Comú, la marca blanca de Podemos en la provincia.

Para el cargo de Responsable de Coordinación de Comunicación se nombró a Maite Nácher, que durante seis años fue jefa de presa de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas. También fue candidata de este partido al Ayuntamiento de Valencia en las pasadas elecciones municipales, pero no logró representación parlamentaria.

El puesto de Técnico de Empleabilidad/Proyectos fue adjudicado a Francisca Hipólito Bonet. Bonet es ex mujer de Ignacio Blanco, el actual jefe de gabinete de la líder de Compromís, Mónica Oltra, en la Consejería de Bienestar Social.

Además, Blanco fue candidato e Esquerra Unida (EU) a la presidencia de la Generalitat, si bien la formación no obtuvo representación alguna en la Cámara valenciana.

En el puesto de Técnico de Innovación Social/Proyectos se encuentra Javier Ibáñez, quien está vinculado a la marca blanca de Podemos en el Ayuntamiento, Valencia en Comú, a cuyos actos electorales acude con asiduidad. Es también amigo personal de Rafael Monterde.

El cargo de Técnico de Financiación de Proyectos I+D+i está ocupado por Julián Torralba. En su caso, Torralba llegó a esta plaza de técnico después de haber estado trabajando para la ‘Fundación InnDEA’ de forma externa poco tiempo antes.

En su perfil de Linkedin, se especifica que se encargó de las labores de EU Project Manager (freelance) para la entidad pública antes de conseguir su puesto actual, que la auditoría también lo consideró injustificado.

Raúl Contreras fue el elegido para la plaza de Técnico de Innovación Social/Economía Social. Contreras mantiene una estrecha relación con Joan Ribó y con Jordi Peris. De hecho, participó junto a ambos en el viaje de 12 personas pagado con fondos públicos del Ayuntamiento de La Coruña para asistir a una cumbre de «ciudades rebeldes» organizada por Podemos.

OKDIARIO ya informó de que el PP había presentado una denuncia ante la Fiscalía contra Joan Ribó por presunta malversación, ya que gastó 7.200 euros públicos para asistir a este acto de su partido.

En el puesto de Especialista en Políticas Públicas y Sociales se halla el nombre de Empar Soriano, quien fue también candidata de Esquerra Unida al Ayuntamiento valenciano de Meliana en las elecciones municipales de 2011. Su puesto tampoco se encuentra justificado según la auditoría.

Monterde falsificó un informe para justificarlos

Para tratar de contrarrestar el demoledor informe, el que fuese gerente de ‘Fundación InnDEA’ hasta hace dos meses, Rafael Monterde, publicó un documento en el que defendía la creación de estos puestos de trabajo que se habían adjudicado a integrantes de Valencia en Comú.

Al final del mismo, aparecía la firma de Monterde a fecha del 1 de octubre de 2015. Una datación a todas luces imposible, entre otras cosas porque en aquella época, Monterde no ejercía como gerente de la empresa pública.

Pero además es que este documento fue creado en abril de 2017 para intentar justificar los puestos que se habían fabricado ‘ad hoc’. Esta circunstancia la demuestra la fecha de creación registrada en el archivo pdf del documento.

Esto significa que Monterde habría incurrido en un delito de falsedad documental, recogido en los artículos 390, 391, 392, 393 y 394 del Código Penal.

Ribó desautorizó a Peris en un Pleno

Otro hecho que tiene que ver con este escándalo es que cuando Ciudadanos preguntó en un Pleno a Joan Ribó, a finales de febrero del año pasado, sobre este asunto, el portavoz de la formación naranja, Fernando Giner, cuestionaba a Jordi Peris sobre la necesidad que había de crear los nuevos puestos de trabajo.

«En el próximo patronato quede clarísimo lo que es todo esos procesos; que quede clara. Señor Peris, lo que le estoy solicitando, es que quede clara la necesidad de esos perfiles», le instaba el portavoz de Ciudadanos al edil de Valencia en Comú.

No obstante, no fue Peris el que tomó la palabra, sino el alcalde Ribó, aportando una respuesta que no esclarecía absolutamente nada. «En el proceso han participado un total de 680 personas», fue el único argumento que utilizó el alcalde para replicar al portavoz de Ciudadanos.

«Me parece un tema importante porque yo dije ayer que para mí el tema se había resuelto de una manera, con toda la información de la que disponía, de una manera clara y transparente, y hoy quiero reafirmarme públicamente, quiero reafirmarlo públicamente porque yo he estado analizando y supervisando todo el proceso», se limitó a declarar.