El independentismo también marca a los hijos de los jueces en las escuelas catalanas

Primero fueron padres comunes que no aceptaban la dictadura del adoctrinamiento separatista. Más tarde la maquinaria totalitaria de PDeCAT y ERC se atrevió a cargar contra los hijos de los guardias civiles destinados a Cataluña -agentes que han tenido que ir allí para mantener el orden público ante el desacato de los Mossos-. Y ahora las prácticas mafiosas de marcado de niños en los colegios de la Cataluña de Quim Torra han llegado hasta los hijos de los jueces ubicados en esta comunidad autónoma.

El Consejo General del Poder Judicial ha empezado a recibir las quejas de jueces y magistrados destinados a esta comunidad autónoma por el trato que están recibiendo sus hijos en unas escuelas donde se les señala públicamente por tener padres que no comparten la causa separatista.

El marcado, además, se está convirtiendo en un ataque directo a gente que, como en el caso de los policías o guardias civiles destacados en este territorio, ni tan siquiera están mostrando su punto de vista ideológico en su labor diaria: simplemente aplican unas leyes que les exigen precisamente no mostrar su ideología en su desarrollo profesional. Por todo ello, el ataque sitúa a estos profesionales en la tesitura de tener que optar por incumplir las leyes y delinquir para evitar el daño a sus hijos.

Fuentes judiciales han señalado a OKDIARIO que “el asunto es grave en jueces a los que les corresponden casos en los que, de una u otra manera, aparece implicado el asunto separatista”. Pero que el problema se extiende porque muchas de las causas de desorden público, fraude en subvenciones, altercados, desalojos, etc. tocan en muchos casos a alguna de las ramificaciones de los activistas separatistas.

Todo ello ocurre mientras continúan las reuniones entre el Ejecutivo de Sánchez y el de Quim Torra y mientras las cesiones no acaban. Y siempre a favor del mismo Ejecutivo que se salta la ley. La última ha sido llevada a cabo recientemente en la misma negociación de los Presupuestos Generales del Estado, en la que se han comprometido nada menos que 2.251 millones de euros de aumento de las inversiones destinadas justo al mismo Gobierno regional que tiene la obligación de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y que sin embargo no lo está haciendo.

Ese regalo se ha realizado a cambio del apoyo a los Presupuestos, sin exigir a cambio ninguna contrapartida de política real basada, por ejemplo, en zanjar el acoso a los jueves o policías a través de sus hijos en fase escolar.

El malestar entre los jueces destinados crece y, sin embargo, el Gobierno de Sánchez no da ni la más mínima muestra de pretender exigir un comportamiento legal en las escuelas catalanas.