Torra cede a las propuestas de los sindicatos y evita una jornada de protesta en su contra

Los sindicatos CCOO, UGT y USOC han decidido desconvocar la huelga de los empleados públicos de la Generalitat catalana prevista para mañana, a la que estaban llamados unos 250.000 trabajadores.

Sindicatos y Gobierno autonómico  han llegado a un acuerdo de última hora sobre la devolución de las pagas extra de 2013 y 2014, de manera que la Generalitat reembolsará las pagas pendientes en un plazo de cuatro años -que se podría incluso acortar a tres-, en lugar de los ocho años inicialmente previstos.

Torra cede para evitar la protesta 

Según han explicado fuentes sindicales, en el ejercicio 2019 se abonará el 40 % de la paga extra de 2013, mientras que el 60 % restante se percibiría en 2020.

Los sindicatos aseguran que Torra  se ha comprometido a abonar el primer 10 % de la extra de 2013 en los dos primeros meses de 2019.

En cuanto a la paga de 2014, si no se puede percibir entera en 2021, los sindicatos tienen la garantía de la Comunidad  de que cobrarán un 55 % del importe ese año y el restante 45 % en 2022.

Evita una jornada caliente 

Y es que la huelga convocada para mañana entre el personal de la Generalitat amenazaba con reavivar el clima de protestas de Cataluña de la última semana de noviembre, cuando médicos de primaria y de la concertada, profesores, investigadores, estudiantes y bomberos coincidieron en reclamar que se revirtieran los recortes de la crisis.

En esta ocasión convocaban la huelga UGT, CCOO y USOC, que no participaron en las protestas convocadas a finales de noviembre, aunque era una incógnita el grado de acogida que podía tener este nuevo paro tras las protestas del mes pasado que tuvieron un seguimiento mayoritario.

El Gobierno regional había ofrecido de entrada abonar esas pagas en un plazo de ocho años, una propuesta que irritó a los sindicatos, que no entendían por qué la Generalitat no había abonado aún estas extras, a diferencia de otras administraciones públicas.

El ejecutivo catalán alegaba que una disposición adicional incluida en el Presupuesto General del Estado impedía  desbloquear el pago de las extras pendientes, pero al final el ejecutivo catalán ha hecho un esfuerzo para agilizar al máximo el calendario.