Independentismo en Cataluña

Sánchez garantiza a Torra el apoyo del PSC si la CUP se lo niega por su diálogo con Moncloa

Pedro Sánchez
Pedro Sánchez y Quim Torra en La Moncloa. (Foto: EFE)
Joan Guirado

Las críticas de los independentistas más radicales a Quim Torra, por los acuerdos con los que salió de la reunión con Pedro Sánchez, no preocupan lo más mínimo al presidente catalán. La mayoría de estas críticas vienen lideradas por la CUP, cuyos cuatro votos son imprescindibles para la gobernabilidad catalana, ahora más alejados de permitir al ejecutivo de Torra la aprobación de leyes que de dar estabilidad al gobierno autonómico catalán. Pero dentro de la Constitución, el PSC de Miquel Iceta garantizará los votos que necesiten JxCAT y ERC para aprobar grandes leyes como la de presupuestos.

Es uno de los acuerdos que ha ofrecido Sánchez a Torra, durante el encuentro, conscientes que la apertura de esta nueva vía de diálogo no sería bien recibida por la CUP ni por los sectores más radicales del independentismo. Sánchez quiere tranquilidad en Moncloa, y para ello, se aferra a la lealtad mutua: el apoyo del PSC en el Parlament de Cataluña le permite al presidente del Gobierno vender una cierta confianza a Torra para dejar pasar el tiempo sin hacer mucho ruido.

Será cuando el Govern vuelva a plantear la celebración de un nuevo referéndum cuando esa lealtad se pueda volver a quebrar. Pero para eso, apuntan fuentes de la Generalitat, aún falta tiempo. Desde el ejecutivo de Torra no quieren otro 1-O de forma inmediata ni una declaración unilateral de forma urgente. Para JxCAT y ERC esto ahora es una incomodidad y a la vez una línea roja a sortear con la CUP, que cada vez desconfía más del Govern y lidera las críticas de las bases del independentismo contra Torra y los partidos que le dan apoyo.

Así, con la CUP cada vez más alejada de JxCAT, el PDeCAT y ERC, los partidos que conforman el Govern pretenden sostenerse en los dieciséis diputados del PSC para aprobar los presupuestos y otras leyes importantes, sobre todo de calado social y económico, siempre que no representen un nuevo desafío contra el estado y la Constitución.

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