Por alto riesgo de reiteración delictiva

El Supremo mantiene en prisión a los golpistas Forcadell, Romeva, Turull, Rull y Bassa

Jordi Turull y Josep Rull
Jordi Turull y Josep Rull entrando al Tribunal Supremo. (Foto: Francisco Toledo)
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El Tribunal Supremo ha confirmado la prisión preventiva para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y para los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado los recursos en consonancia con lo señalado tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado y Vox – personada como acusación popular- en la vista celebrada para estudiar este asunto el pasado 9 de mayo.

Confirman que existe riesgo de reiteración delictiva y de fuga, éste último derivado de los indicios de delito contra ellos que han determinado su procesamiento, por lo que ratifican la situación de prisión de todos ellos.

Dicen también que, en este momento procesal, y dados los datos disponibles, existen razones serias para mantener que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de rebelión, pero, en su defecto, no puede descartarse su calificación como delito de sedición.

En su auto, la Sala argumenta entre otras cuestiones que si los recurrentes pretendían referirse a la excepcionalidad de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años en Cataluña, este tribunal no puede sino coincidir en su apreciación, aunque sea desde una perspectiva distinta.

“Efectivamente, no existen precedentes conocidos en la reciente historia europea de que, en un estado democrático, los miembros del gobierno de una Comunidad Autónoma (o de un Estado federado), que en ese sistema democrático goza de un régimen amplísimo de autogobierno, junto con miembros del Parlamento y apoyados por asociaciones ciudadanas, instrumentando y aprovechando todos ellos el poder de presión de la movilización popular, se hayan alzado contra la Constitución del Estado, contra la ley que asegura y regula su autonomía y contra el resto del ordenamiento jurídico que se oponga a sus pretensiones”.

Los tres magistrados que forman la Sala que revisa las decisiones del instructor Pablo Llarena -Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro y Vicente Magro-, examinan en un auto de 18 páginas la concurrencia del riesgo de fuga y destacan que entre las circunstancias personales de los recurrentes no puede dejar de valorarse la estructura organizativa que los apoya, ni la consistencia económica de la misma, ni los contactos internacionales del grupo, “elementos que han permitido a quienes ya se han fugado, mantener una apariencia de vida normalizada fuera de España y de la residencia que hasta entonces era su domicilio habitual”.

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