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Los cargos golpistas saquean el crowdfunding separatista y dejan sin fondos a los CDR

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La coordinadora de los CDR y nº 3 de Podemos Viladecans, Tamara Carrasco (Foto: EFE)
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Los cargos golpistas han saqueado el crowdfunding separatista y han dejado sin fondos a los CDR. La caja de resistencia recaudada entre los voluntarios separatistas -y que la Guardia Civil siempre ha sospechado que ha contado con más fondos que los puramente voluntarios y entregados a título individual- llegó a acercarse a los 6 millones de euros. Pero las múltiples fianzas de los altos cargos como Carme Forcadell, o los gastos jurídicos de Joaquim Forn o Jordi Turull, o los gastos de desplazamiento de familiares como los de Oriol Junqueras para visitarle a la prisión, han terminado por secar los fondos. Por mucho que los pagos en negro de asociaciones separatistas hayan engordado el flujo de esta caja, tal y como sospecha la policía española.

Y llegado el momento de pagar los mismos servicios a la CDR imputada, Tamara Carrasco, el dinero ya no existe o, lo que es más doloroso de explicar para los gestores de la caja -especialmente la Asamblea Nacional Catalana-, se está reservando para los gastos que siguen originando los altos cargos golpistas en prisión, fugados, o imputados. Entre otros, su ex jefe Jordi Sánchez.

La información ha sido obtenida por la Policía de los chats internos en los que los comités de defensa de la república (CDR) -la kale borroka del separatismo- han reflejado su queja por esta situación y han constatado que la versión oficial de los gestores de estos fondos es que si Carrasco quiere tener acceso a esta ayuda “se debe realizar una campaña específica de recaudación para ella”. Si no, se queda sin apoyo financiero de la organización golpista.

Los pantallazos que hoy muestra OKDIARIO recogen esa indignación por parte de miembros de esos CDR. Un colectivo que está llevando la tensión a las calles para que no se relaje el sentimiento golpista y que, sin embargo, ve ahora como sus mandos coordinadores les dejan en la estacada en el momento en el que ha habido que poner dinero encima de la mesa.

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Por ello, han sido los propios CDR los que han iniciado una campaña crowdfunding para pagar los gastos jurídicos de la imputada Tamara Carrasco ya que esa “caja de resistencia” ya constituida ha decidido no hacerse cargo de su protección frente al “maltrado de un Estado Español agónico que da las ultimas coletadas”, tal y como relata directamente un separatista afectado en el chat.

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La situación no ha pasado por alto a los miembros de los CDR. Y su frustración es obvia. Uno, porque consideran una injusticia que ese dinero vaya para los jefes y no para los subalternos, cuando muchas de sus consignas son marxistas, especialmente las procedentes de la CUP.

Hay que recordar que una de las personas beneficiadas de esta caja es Anna Gabriel, la antisistema que pregona el comunismo a ultranza y ha elegido Suiza como escondite frente a la Justicia española. Un país -Suiza- donde su mantenimiento no es precisamente barato.

Y dos, porque el mensaje a partir de este momento es obvio: y es que no hay tanto fondos para ayudar a todos los que se juegan ser detenidos en las calles. Y no los hay, por mucho que los separatistas se empeñen en decir que sí los hay.

El problema es que esta situación había llegado gracias a los meses de aplicación de 155. Porque, pese a ser un 155 light, lo cierto es que había cortado el flujo obsceno de dinero hacia las asociaciones golpistas.
La llegada de Quim Torras y sus radicales al Govern ciertamente puede alterar esta tendencia y permitir volver a financiarse a estos grupos ultras por medio de pagos desde la Generalitat.

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La caja de solidaridad ha estado gestionada en este tiempo por dos personas de la ANC y una de Òmnium Cultural. Los auditores externos de esta caja son tres expresidentes del Parlament: Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert. Y su teórico objetivo es “hacer frente a las represalias económicas que reciben personas físicas como consecuencia de actuaciones enmarcadas en el proceso hacia la independencia por participar en acciones unitarias, cívicas, pacíficas y democráticas. Estas actuaciones han de responder a iniciativas acordadas por las entidades y/o partidos soberanistas o bien para seguir el mandato de las urnas y los acuerdos del Parlamento de Cataluña y el Gobierno de la Generalitat a favor del proceso independentista”. Por lo visto, esa caja se ha vuelto clasista y prefiere a los jefes antes que al ‘proletariado’.

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