C’s recurrirá la investidura de cualquier president salido del voto de legado de Puigdemont y Comín

Puede que en una semana haya una investidura «efectiva», como pide ERC, de un nuevo presidente de la Generalitat, pero quizá no sea tan «efectiva» en opinión de Ciudadanos. El partido liderado por Inés Arrimadas en el Parlament catalán tiene decidido recurrir la elección del presidente de la Generalitat, si ésta sale adelante con los votos delegados de los diputados huidos de la Justicia Carles Puigdemont y Antoni Comín.

La formación naranja mantiene una fuerte discrepancia con el Gobierno a cuenta de la decisión del Ejecutivo de no recurrir el voto delegado del ex presidente de la Generalitat y del ex consejero de Salud.

De hecho, este mismo miércoles ha propiciado que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, diera por roto el acuerdo con el Gobierno para la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, alegando que «cada vez hay más pruebas» de que ha hecho «dejación de funciones». Una decisión que se produce después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acusara a Rivera de «aprovechategui» durante su intervención en el Pleno de control al Gobierno en el Parlamento por tratar de buscar rédito electoral. Es más, le ha dicho que C’s debería actuar en este ámbito con la misma «lealtad» que el PSOE.

Fuentes de la formación naranja han asegurado a Europa Press que si finalmente se produce la sesión de investidura y es elegido un presidente de la Generalitat con los votos de estos dos parlamentarios, la recurrirán ante el Tribunal Constitucional por entender que no es una elección legítima al haber participado en ella dos diputados huidos de la Justicia.

El TC estudiará el recurso de C’s

De hecho, Ciudadanos ha recurrido ya ante el Tribunal Constitucional los acuerdos de la Mesa del Parlament de los días 3 y 24 de abril, por los que se admitía la delegación de voto de Puigdemont y Comín. Y este martes, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) decidió, por unanimidad, admitir a trámite el citado recurso de amparo.

Sin embargo, el tribunal de garantías «no aprecia la urgencia excepcional» alegada por el partido naranja para adoptar la medida «cautelarísima» de suspender dichos acuerdos mientras se resuelve sobre el fondo. Aunque sí acepta estudiar la posibilidad de hacerlo más adelante, para lo que abre pieza separada de suspensión y concede un plazo de tres días al Ministerio Fiscal y al recurrente para que efectúen alegaciones al respecto.

En su recurso, Ciudadanos defendía que los acuerdos de la Mesa que permite el voto delegado de los investigados por rebelión que huyeron de la Justicia son contrarios al Reglamento del Parlament e «incumplidores de las taxativas determinaciones del Tribunal Constitucional».

Recuerda también que el auto del Alto Tribunal del 27 de enero, que especificaba que «los miembros de la Cámara sobre los que pese una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión no podrán delegar el voto en otros parlamentarios».

No obstante, la providencia dictada este martes por el TC argumenta que «el recurso plantea un problema que afecta a una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no hay doctrina de este Tribunal». Añade que además «el asunto suscitado trasciende del caso concreto al plantear una cuestión jurídica relevante que tiene, además, unas consecuencias políticas generales».

Precisamente, la pregunta que le ha dirigido Albert Rivera a Mariano Rajoy en el Pleno de control al Gobierno ha sido sobre esta cuestión, es decir, sobre los motivos por los que el Ejecutivo no ha acudido al Tribunal Constitucional para intentar impedir que Puigdemont y Toni Comín puedan delegar su voto.

El presidente de Ciudadanos ha advertido en su intervención que si el Ejecutivo no presenta un recurso no podría contar con el apoyo de esta formación «para aplicar la Constitución en Cataluña». A lo que Mariano Rajoy ha replicado que ha actuado asesorado por los servicios jurídicos del Estado, según los cuales ese recurso «no puede plantearlo el Gobierno de España por falta de legitimidad», ya que es una decisión de un Legislativo autonómico sobre su funcionamiento, y «hay precedentes en el Tribunal Constitucional» que aconsejan no recurrir.

Una vez fuera del hemiciclo y en los pasillos del Congreso, Rivera ha anunciado que daba por roto el acuerdo con el Gobierno para la aplicación del artículo 155 de la Constitución por considerar que «otra vez» el Ejecutivo «mire para otro lado» en Cataluña.