Cataluña

Embargan a ANC y Òmnium 220.000 euros por vulnerar la Ley de Protección de Datos

Los nacionalistas, indignados: "El Estado nos quiere arruinar y nos embarga las cuentas"

ANC
Los vicepresidentes de la ANC, Agustí Alcoberro (d) y de Òmnium Cultural, Marcel Mauri (i), junto al diputado de Junts per Catalunya Jordi Turull. (Foto: EFE)

La Agencia Tributaria ha embargado 110.000 euros de las cuentas de la ANC para hacer frente al pago de la sanción que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso a la entidad soberanista y que ésta se ha negado a pagar. A Òmnium Cultural le ha sido embargada la misma cantidad y por igual motivo.

El embargo lo ha hecho público la propia ANC en un comunicado, en el que ha criticado lo que llama las nuevas «acciones represivas» del Estado, y ha asegurado que la sanción fue recurrida ante instancias judiciales, pero esto no implica una moratoria en el embargo. Además, han acusado al Estado de querer arruinarles por lo que dicen, «nos embargan las cuentas».

La entidad ha explicado que también recurrirá al embargo y ha asegurado que la Agencia Tributaria envió cartas a todos los clientes de la ANC para notificarles el embargo, algo que ven como una estrategia para desgastarles.

La Assemblea considera que las cartas fueron enviadas con dos claros objetivos: «dañar la imagen pública» de la entidad y redirigir los pagos que hacían las empresas endeudadas con la ANC hacia la Agencia Tributaria.

Ha recordado que también fue objeto de otra investigación por parte de la misma AEPD en 2015, que acabó con una sanción tanto a la Assemblea como a Òmnium Cultural de 440.000 euros que entonces sí fueron abonados.

Caja de solidaridad

Ambas organizaciones secesionistas han utilizado sus fondos, además de para promover la independencia, para pagar las fianzas de los miembros del Govern que fueron destituidos por efecto del artículo 155 y que debían abonar elevadas cantidades para no entrar en prisión. Estos fondos fueron bautizados como «caja de solidaridad».

Además, abonaron parte de las multas a las que Artur Mas y los ex consejeros cesados de su Gobierno fueron condenados por malversación con motivo del anterior referéndum ilegal el 9 de noviembre de 2014.

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