ERC ya está harta de Puigdemont y quiere que el Parlament urja a formar Gobierno «urgentemente»

ERC ha registrado este viernes una propuesta de resolución en el Parlament que pide formar un Govern «urgentemente» y acabar así con la intervención de la autonomía por parte del Gobierno central en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Concretamente, esta llamada ‘Resolución sobre los derechos civiles y políticos’ busca que el pleno del Parlament manifieste su voluntad de «recuperar urgentemente todas las instituciones catalanas y acabar con la imposición del 155 para ponerlas al servicio de la ciudadanía».

Y esto debe hacerse, según indica ERC en su texto, «permitiendo ejercer todo aquello necesario para avanzar socialmente según las mayorías parlamentarias» surgidas tras las elecciones del 21 de diciembre, es decir, en base a lo que acuerden los partidos independentistas.

Además, ERC quiere «denunciar la injerencia jurídica para impedir el normal funcionamiento del Parlament para que de forma urgente pueda desarrollar» sus funciones con total soberanía, teniendo en cuenta que no ha sido posible investir a los tres candidatos propuestos hasta ahora porque se les ha encarcelado.

Precisamente, la resolución también persigue que el Parlament exija «la liberación de los [llamados] presos políticos y las condiciones para que puedan regresar las personas exiliadas», y dar apoyo a las iniciativas jurídicas e institucionales que adopta el presidente de la Cámara, Roger Torrent, para lograr este objetivo.

Torrent propuso la semana pasada que el Parlament se querellará contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por impedir la investidura de los tres candidatos —Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull— y la Mesa aprobó la iniciativa gracias a la mayoría que suman JxCat y ERC en el órgano rector.

«Criminalizar» la disidencia

La resolución de ERC también quiere «denunciar el abuso y la desproporción de actuaciones policiales y de acusaciones administrativas y penales para perseguir y criminalizar a la disidencia política», en un momento en que los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) están en el punto de mira.

De hecho, el texto de los republicanos busca que el Parlament defienda la actuación y canalización de «las reivindicaciones políticas por vías democráticas y pacíficas, rechazando cualquier expresión de violencia que se pueda producir».

ERC subraya el firme compromiso que debe tener el Parlament con la libertad de expresión, manifestación, reunión, participación y asociación, así como con la lucha por la no violencia.

Por ello, el texto insta a defender los derechos recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ambos documentos «firmados por el Estado español y que se ven vulnerados y coartados actualmente en Cataluña».

Y es ante esta situación que los republicanos quieren aprobar una resolución que también «denuncia la vulneración permanente de derechos civiles y políticos, así como otros derechos fundamentales» que está llevando a cabo el Estado contra Cataluña.