La Generalitat permitió gastos ocultos millonarios a la unidad de espionaje político de los Mossos

La Generalitat permitió «centenares» de gastos ocultos a su unidad de espionaje político de los Mossos. Así se certifica en la documentación que ha encontrando la Policía Nacional gracias al 155 y donde se avala, sin ningún tipo de duda, que los cerca de 300 hombres destinados a la unidad UCRO contaban con licencia para espiar, y para gastar. Y, básicamente, gastar lo que quisieran, con tal de cumplir con su objetivo político de tener controlados a todos aquellos que desafiaban el avance del separatismo ordenado por el Govern.

Los documentos a los que ha tenido acceso OKDIARIO y que hoy revela este diario demuestran, como ha añadido literalmente la Policía Nacional en su archivo-resumen del material detectado, que «a lo largo del informe se detalla la numerosa documentación relativa a gastos reservados generados por la diferentes unidades centrales y regionales de la Comisaría General de Información». Se trata de la Comisaría que comandaba Manel Castellví, el responsable directo bajo cuyo mando se encontraba la unidad de los UCRO.

Pero «mención aparte merecen los numerosos gastos generados por la unidad denominada UCRO (Unidad Central de Recursos Operativos) incardinada en la Comisaría General de Información de los Mossos». Mención aparte porque, en estos momentos, sigue la Policía Nacional recopilando los distintos justificantes internos de gastos detectados e investigando si corresponden a partidas mayores, para poder realizar una cuantificación al menos aproximada del dinero que realmente han gastado en espionaje político de forma opaca y a través de gastos reservados.

Un volumen que, en cualquier caso, tendrá una cifra muy elevada. Y es que la Policía sabe ya que sólo el importe empleado en la compra de dos furgonetas espía repletas de material altamente tecnológico alcanzó los 15 millones de euros.

Bajo el control de los mandos políticos

La Policía ha realizado una anotación adicional en su informe sobre el hallazgo sobre la financiación de la UCRO: «Su estructura y componentes no se han hecho públicos y se les atribuyen las investigaciones de carácter más delicado”, una forma diplomática de señalar que toda la unidad vivía bajo una nebulosa que afectaba a su propia composición y a sus trabajos, centrados muchas veces en investigaciones de puro espionaje político a ciudadanos particulares, políticos, o simplemente profesionales implicados en la defensa de la Constitución.

Esas partidas opacas, y sin más control que el de sus mandos políticos, podría haber financiado, de este modo, los seguimientos que realizaba la UCRO -y gracias a fuertes medios tecnológicos- de colectivos privados, partidos, o los mismos agentes del CNI, a los que también espiaron.

De hecho, en esos seguimientos contaron incluso con el apoyo de determinadas empresas dentro y fuera de España. Empresas a las que contrataban y pagaban como investigadores adicionales a sus propios efectivos. Uno de los espionajes realizados de esta manera fue en el que contactaron con la empresa italiana Hacking Team, a la que pagaron para obtener información sobre el CNI. El contacto se realizó fuera de España, pese a lo que los Mossos consiguieron elaborar un completo informe.

«Hay un grupo de nueve páginas grabadas correspondientes a correos, entre miembros de la empresa a Hacking Team tratando sobre el CNI, así como otras dos hojas grapadas con la inclusión de los correos electrónicos de Hacking Team y el CNI», recoge uno de los informes policiales sobre el espionaje al CNI.

Además, hay otras dos hojas más en las que aparecen escritos a mano en la parte superior y referencias como fechas y lugares sobre los servicios españoles de inteligencia subrayadas con rotulador fluorescente. Uno de los encuentros sobre el que los Mossos recabaron material se produjo en Milán: entre la empresa citada y el CNI, en concreto, el 18 de agosto de 2014.

Monitorización de los teléfonos

El informe intervenido por la Policía Nacional recoge, además, la existencia de un moderno programa bautizado con el nombre de ‘Cerberus’, que estaba destinado a monitorizar toda la actividad de cualquier teléfono y que se impulso en los años 2014 y 2015, bajo la presidencia en la Generalitat de Cataluña de Artur Mas. Un programa que, obviamente, tuvo que pagarse de alguna manera.

La Policía Nacional, igualmente, tuvo conocimiento hace ya años de que la UCRO disponía de un par de furgonetas equipadas con el más moderno material de espionaje. Unos vehículos que se usaban en seguimientos y equipados con instrumentos electrónicos capaces de captar conversaciones, hackear mails y correos electrónicos o de vaciar el contenido de teléfonos móviles.

Una de esas furgonetas repleta de equipos de espionaje, de hecho, no ha aparecido pese a que las informaciones recabadas por la Policía apuntan a que existían dos furgonetas de estas características y sólo se ha encontrado una. La que falta, casualmente, es la que acumulaba más material y más sofisticado para los pinchazos y hackeo de teléfonos y mails.

La Policía sabe que todo el material procede de una compra cuyo importe se elevó a 15 millones de euros. Sabe igualmente que dentro del inventario de esa adquisición figuró material informático de intervención telefónica de última generación; programas de introducción de virus troyanos para poder vaciar y monitorizar equipos informáticos y teléfonos; y las dos furgonetas citadas dentro de las que iba montado el material.

Material vaciado y escondido

Los temores de la Policía Nacional pasan por el hecho de que el material de espionaje de la furgoneta haya sido vaciado y escondido y que, en estos momentos, se encuentre fuera de las dotaciones públicas ante la dificultad de justificar que esa dotación estuviese al servicio de la UCRO.

La Guardia Civil, de hecho, ha trabajado desde hace tiempo con la hipótesis de que uno de los departamentos clave en la preparación del golpe del 1-O fue el Cesicat, el conocido ya como CNI catalán, que, en coordinación con la UCRO, se encargó de tutelar y controlar los avances del separatismo en cada departamento de la Administración golpista. Un departamento que controló, a su vez, los movimientos del CTTI, el Centro de Tecnologías y Telecomunicaciones de la Generalitat por el que pasaban las comunicaciones de los cargos del Govern.

La Policía sabe, además, que parte de las operaciones realizadas por la UCRO y en los Mossos corresponden a funciones determinadas por el Cesicat y centradas en pinchazos y controles puramente políticos.

Las tesis de la Policía y Guardia Civil coinciden. Porque toda la documentación entregada ya en instancias judiciales demuestra que el aparato separatista contó a su favor, efectivamente, con pinchazos telefónicos, vaciados de mails, tumbados de páginas web encargados sin respaldo judicial y con el propósito de tener controlada tanto a su gente, como a los posibles opositores al deseo de romper con España.