El juez Llarena frustró el pleno ilegal de Turull anticipándose a la estrategia jurídica de los golpistas

El juez Pablo Llarena impidió el pleno de investidura ilegal de Jordi Turull anticipándose a la estrategia jurídica de los golpistas. Lo hizo el mismo viernes. Mientras tenía encima de la mesa nada menos que el auto de procesamiento de los golpistas y el de entrada en prisión de, entre otros, el propio Turull.

El juez fue consciente durante la vista de que los abogados de Turull preparaban ya unos recursos puramente dilatorios y con un único objetivo: el de ganar tiempo y retrasar la ejecutabilidad de las medidas decretadas por el Tribunal Supremo para conseguir sentar en el sillón de presidente a Jordi Turull y, así, cargar de presión a la Justicia. Porque querían llevar al Supremo al límite de la presión mediática y política para ver si descarrilaba en sus decisiones.

De haberlo conseguido se habría convertido en un sinsentido jurídico y en todo un compromiso, por ejemplo, para la propia Casa Real. Y es que, de haber funcionado la estrategia golpista, no se habría tenido que encarcelar simplemente a un golpista, a Turull. Sino que se habría tenido que enviar a prisión a un golpista investido ya como presidente regional, algo que, a buen seguro, habrían utilizado los separatistas en sus campañas de imagen internacionales para afirmar demagógicamente que no se respeta el resultado del voto en Cataluña.

Llarena no es juez de valoraciones políticas. Pero sí de estricto cumplimiento del sentido de la Justicia. Y la Justicia no está pensada para que una persona que recibe una mañana un auto de procesamiento y entrada en prisión esté, a la mañana siguiente, siendo aclamado como presidente con el único objetivo de presionar a los tribunales para que la tensión social que hoy vemos en las calles de esta comunidad autónoma les impida hacer lo que tienen que hacer: Justicia.

Y Llarena frustró el intento de mediatizar la Justicia en un caso tan grave como el que ha puesto en jaque a todo nuestro entramado constitucional.
El juez previó dos posibles recursos de las defensas de los golpistas. El primero basado en una supuesta falta de tiempo de lectura para analizar el auto de procesamiento. Los golpistas ya han usado este recurso en ocasiones anteriores. Y Llarena, consciente de este recurso, decidió mandar a la biblioteca a los equipos jurídicos durante dos horas y media de forma que fuese imposible alegar la supuesta falta de tiempo o el desconocimiento de las acusaciones y motivación exacta del auto.

El segundo recurso podría haber sido más farragoso aún. Llarena también se anticipó a las defensas y fue él quien expuso en la vista del viernes directamente lo que habría sido una segura alegación planteada por los abogados en base a que, en caso de enviar a Turull a prisión, el juez estaría supuestamente anulando los derechos políticos de su defendido a ser elegido. En este caso concreto, a ser elegido como presidente del Govern a la mañana siguiente en el Pleno ya previsto y convocado por Roger Torrent el sábado.

Llarena lo planteó abiertamente en la vista y sugirió que hiciesen las alegaciones oportunas ya en ese mismo acto, de modo que podría solventarlo en el propio auto. De nuevo, les indicó a los abogados que el tiempo perfecto para preparar esos argumentos eran las dos horas y media de receso para que pudieran ir a la biblioteca del Supremo.

El resultado es por todos conocido: un auto impecable desde el punto de vista jurídico que ha impedido la celebración de la segunda sesión del pleno de investidura de Turull ante la evidencia de que no era elegible el candidato. El Gobierno se lo recordó a Torrent y éste no tuvo más remedio que anular la votación.