JxCAt y ERC empujan a Torrent a la ilegalidad: el Parlament deberá aprobar las «estructuras de país»

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El presidente del Parlament, Roger Torrent.
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

La propuesta enviada por JxCAT y ERC a la CUP para que apoyen a su candidato a la investidura supone una vuelta a la ilegalidad y compromete especialmente al presidente del Parlament, Roger Torrent. 

Torrent, que hasta ahora se había guardado de tramitar aquellas iniciativas que pudiesen ser susceptibles de meterle en un embrollo judicial, sería el primer damnificado de esta estrategia porque, según el texto,  uno de los «criterios esenciales de la legislatura» será la «dinamización» del Parlament, para ejecutar la República catalana. Torrent, en cuanto presidente de la Cámara, sería el primer responsable de tramitar estas iniciativas, avalando que se sometan a votación del Pleno.

«Las fuerzas republicanas con representación en el Parlament de Cataluña se compromete a trasladar a sede parlamentaria los debates y propuestas que emanen del compromiso de construir la República surgida de las urnas el pasado 1 de octubre. Fundamentalmente, las cinco vinculadas a la estructura de modelo de país», se sostiene en el acuerdo. Esto significa que la intención de los secesionistas es someter todas sus decisiones al aval del Parlament, donde tendrían su aprobación asegurada (contando siempre con el voto de la CUP).

Las estructuras de Estado a que hace referencia la hoja de ruta aparecen en los documentos incautados por la Guardia Civil, el pasado  en el despacho del secretario de Hacienda catalán, Lluís Salvadó, hombre de confianza del ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, según informó Europa Press.

Según estos documentos, los secesionistas tenían prevista la creación de 14 estructuras de Estado, entre ellas, la Hacienda propia (la principal), un Ministerio del Interior, el Poder Judicial, un Banco Central, una Comisión del Mercado de Valores e, incluso, un Ministerio de Defensa.

También incluía: otros organismos y estructuras exigidos por la Unión Europea; Controles de los servicios de Transporte Aéreo, Marítimo, Ferroviario y Carretera; Abastecimiento de Agua y Energía; Telecomunicaciones; Correos; Servicios de emergencia y Defensa, aunque en este último caso, el epígrafe aparece con interrogantes.

En los documentos, el de Hacienda en Cataluña había previsto incluso cómo lograr los datos tributarios, ya que la Guardia Civil halló en su casa un dossier con la inscripción Informe sobre la obtención de datos con trascendencia tributaria», así como el plan de «despliegue» del proyecto de la Hacienda catalana, un informe sobre la estructura organizativa de la misma y otro sobre el «Catastro de Cataluña en el momento de la desconexión».

El plan representa, en sí mismo, un cúmulo de ilegalidades, de llegar a ejecutarse. El documento recoge la puesta en marcha de un proceso  que culminaría con una propuesta de Constitución de la República, votada en una «multiconsulta».

El texto asegura también que se «impulsará un plan de gobierno de desobediencia republicana» y delega el diseño de la estrategia de esa República en Bruselas.

Allí se constituirá un auténtico gobierno en el exilio, que se denomina «Espacio Libre en el Exilio», con una Asamblea de Representantes por la República dirigida por el ex presidente Carles Puigdemont. A Puigdemont le corresponderá definir e impulsar la estrategia política de la República catalana.

Entre las propuestas de programa se incluyen, por ejemplo, el control público de infraestructuras estratégicas, la creación de una Policía integral al servicio de la República-a partir de los Mossos- y la prohibición de desfiles militares o actos de exaltación militar en Cataluña.

El plan llama la atención después de las declaraciones de los dirigentes secesionistas ante el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Los ex consellers en libertad, entre ellos, quien previsiblemente será el próximo candidato a la investidura, Jordi Turull, prometieron precisamente acatar el artículo 155 para salir de la cárcel. Todos ellos verían arriesgada su libertad.

 

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