El Gobierno sin mecanismos para evitar que Puigdemont siga cobrando como diputado

La posibilidad de que Carles Puigdemont y el ex conseller Toni Comín  no cobren su sueldo como diputados autonómicos por estar fugados de la Justicia española tiene un recorrido muy limitado para el Gobierno.

La potestad sobre esa decisión recae, en primer lugar, al presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), que podría elevar la situación a la Comisión del Estatuto de los Diputados, aún pendiente de constituirse debido al bloqueo de la legislatura, y que, en cualquier caso, tendrá una mayoría independentista.

El Reglamento del Parlament, en su artículo 231, recoge cómo actuar ante los casos de «absentismo» de los parlamentarios y establece que «el diputado que, sin suficiente justificación o sin la necesaria autorización, no asista a tres sesiones consecutivas del Pleno o de las comisiones, indistintamente, o a cinco sesiones alternas, durante un período de sesiones, puede ser privado del derecho a percibir la asignación de un mes y de los demás derechos de carácter económico».

En ese caso, como se ha dicho, la decisión correspondería a la Comisión del Estatuto de los Diputados, a propuesta del presidente del Parlamento, bien a iniciativa propia, bien a iniciativa del presidente de la correspondiente comisión, oída la persona afectada, mediante una resolución motivada en la que se señale la extensión y la duración de las sanciones.

Expulsión de la función parlamentaria

Además, el mismo Reglamento señala, en su artículo 235, que el diputado que «una vez cumplida la sanción impuesta de conformidad con el artículo 231, reincida en la falta» puede ser expulsado temporalmente de la función parlamentaria.

De nuevo, se trata de un escenario que es difícil que prospere, porque la iniciativa debe salir del presidente del Parlament, previo dictamen motivado de la Comisión del Estatuto de los Diputados, y ser aprobada por el Pleno del Parlamento, por mayoría de dos tercios de los diputados.

La exclusión temporal del ejercicio de la función parlamentaria comporta la pérdida de las asignaciones, las dietas y las indemnizaciones, y la suspensión de los derechos y deberes inherentes a la actividad parlamentaria, pero no afecta a sus prerrogativas ni a los demás derechos y deberes. Esto es, la inviolabilidad, de la que «gozan incluso después de haber finalizado su mandato por las opiniones y los votos emitidos durante el ejercicio de sus funciones» y la inmunidad.

Tanto el Partido Popular como Ciudadanos exigirán a Torrent que tome medidas si Puigdemont y Comín no acuden al próximo pleno de la Cámara catalana.

«Están huidos de la justicia. Si no vienen es porque no quieren comparecer ante el juez», explicó este lunes el portavoz parlamentario de la formación naranja, Carlos Carrizosa, en declaraciones a Europa Press. El grupo ha registrado una petición a la Mesa del Parlament por la que piden al órgano director que mande publicar las ausencias de ambos diputados en el Boletín Oficial del Parlament, como se establece en el propio Reglamento parlamentario.

La opción de presentar un recurso tiene difícil prosperar, según las fuentes consultadas, en tanto Puigdemont mantiene aún intacta su condición parlamentaria y, con ello, sus derechos. Una fórmula por la vía del 155 tampoco sería la solución, en la medida en que la Cámara autonómica quedó fuera del radio de intervención, según la resolución del Senado finalmente aprobada.

Así, por tanto, señalan estas fuentes, podría seguir cobrando como diputado en tanto no pierda su acta. Algo que se producirá inevitablemente en el momento en que exista una condena.